Lo diré en dos palabras: es imposible. Los acuerdos entre el presidente del Gobierno español y el presidente de una comunidad autónoma no son ni materia reservada ni cuestiones privadas. Pertenecen al ámbito de la gobernación del país y, por tanto, deben en su momento pasar por el Consejo de Ministros, el Parlamento, en su caso, y, si fuera necesario, los propios tribunales de Justicia. Según las condiciones que Montesquieu estableció para que existiera una democracia.
Pueden e incluso deben hablar José Luis Rodríguez Zapatero y Juan José Ibarreche. Pueden hacerlo de sus cosas, y entonces se tratará de una conversación privada. Pero si hablan del Cupo vasco --con 32 millones de euros anuales que van y vienen entre Madrid y Vitoria--, de la ampliación de la policía autonómica vasca o, Dios no lo quiera, de crear un podercillo judicial autónomo a medida del PNV, están hablando de políticas de Estado que deberán ser de dominio público.
Antes o después, habremos de saber si el estimable espíritu de diálogo con el principal partido separatista vasco esconde una "agenda secreta" pactada entre PSOE y PNV. Antes o después, deberemos conocer el alcance de las cesiones que el Gobierno español, hoy en manos socialistas, está dispuesto a hacer a cambio del apoyo político y parlamentario de sus poco recomendables socios.
Es tan inevitable como natural es el derecho que ambos presidentes tienen a hablar, por mí, hasta que se hiele el infierno.
*Periodista
