Antes de la pandemia del coronavirus, la situación económica ya tenía visos de derivar hacia una desaceleración, con la duda de si sería asumible o alcanzaría las dimensiones de la vivida a partir del 2008 en caso de que un detonante empeorara los pronósticos. Aun habiendo experimentado España una evidente recuperación, la superación de la crisis anterior no incidió por igual en todos los sectores y debilitó resortes clave del Estado del bienestar.

Como en aquella crisis económica, la causada ahora por el covid-19 vuelve a incidir, en el aspecto laboral, en dos colectivos apenas recuperados: los jóvenes y las mujeres. Estos sectores de población son los que copan la mayoría de los contratos temporales y parciales y, en muchos casos, se verán, ya se ven, abocados a salir del mercado laboral, en el que ni siquiera han tenido oportunidad de cotizar lo suficiente para poder percibir mucho tiempo la prestación de desempleo.

En Aragón, más del 60% del empleo destruido en el primer trimestre del año tuvo como afectados a los menores de 35 años. Y esta situación dejará de nuevo a muchas familias sin recursos para afrontar un segundo embate. Ahora, las peticiones a los centros que suministran alimentos y a los servicios sociales son solo la punta del iceberg de una situación que, a estas alturas, dos meses después de la paralización efectiva de buena parte de la economía, ya puede calificarse de crítica.

Además de la emergencia alimentaria, sin embargo, y en un goteo en el que se acumulan dramas personales de gran calado y se constatan enormes desigualdades, estamos hablando de otras crisis que beben, todas, de la misma fuente: el aumento del paro y aún más, sin el colchón de los ERTE o la promesa de las prestaciones de desempleo, la casi disolución de la economía sumergida, que por definición no puede entrar en las actividades que se van reactivando de forma reglamentada durante el proceso de desescalada.

Es el caso de emergencia habitacional, con el temor de desahucios invisibles en familias que vivían de realquiler en habitaciones; de un aumento espectacular de los ciudadanos que no pueden pagar sus medicamentos y de lo que la Alianza contra la Pobreza Energética califica de «temor terrible» ante la imposibilidad de atender a los recibos de agua, luz y gas que, en estos tiempos de reclusión doméstica, tienden a crecer. Sin olvidar otro factor del que ya se ha hablado mucho, pero que no deja de recalcar la falla que se está ampliando en el tejido social: la brecha digital en la educación.

Más del 60% del empleo destruido en Aragón en el primer trimestre del año ha tenido como afectados a menores de 35 años

Para hacer frente a este estado de cosas se están realizando campañas solidarias, y se reciben también ayudas privadas que se canalizan a través de muestras de responsabilidad social de empresas o particulares.

Más allá de la urgencia sanitaria ahora, en este momento, se yergue como la principal preocupación no solo el repunte económico sino la atención indispensable, ineludible, a las personas que no pueden comer, que no saben dónde dormirán o que no pueden atender a sus necesidades básicas. Si ante una situación abrumadora la sanidad tuvo que recurrir a soluciones propias de un escenario de catástrofe, si es necesario se deberán tomar iniciativas no menos drásticas para atender otras emergencias.