Rajoy ha afirmado que la "principal obligación" de un político es "ser justo, intentar ser justo". En concreto, de equilibrio en la distribución de la riqueza y los recursos ya habla el artículo 131.1 de esa biblia devaluada que se supone que nos ampara a todos y que resulta intocable para otros menesteres. Pero no, esta vez solo se refería a evitar calificar como merece la actitud de Esperanza Aguirre ante el estercolero político en el que se ha convertido su Madrid.
La realidad en la que viven algunos dirigentes no incluye a toda la sociedad; más allá de sus gafas no ven sino su posición de poder. Ahí está el ejemplo de Monago, que con devolver el importe de los viajecitos a Canarias lo da todo por resuelto. Como si la honestidad y la moral se restituyeran con esa facilidad. Pero no. En esa España casi idílica en la que ayer dijo el presidente que vivimos, lo cierto es que el 87% cree que la corrupción está extendida entre autoridades y empresas (según Legatum Institute). Esa es la realidad.
La gota que colma el vaso de una ciudadanía hastiada cae de los recientes datos de la brecha social: en el último año, el patrimonio de los 100 españoles más ricos ha crecido una media del 9,2% al tiempo que la plena integración social retrocede al 34,3% de la población cuando en el 2007 superaba el 50%. ¡Pero no se vayan todavía, que aún hay más!: España es el segundo país más desigual de la Unión Europea (tras Letonia) y el de toda la OCDE donde más se ha disparado esa desigualdad.
Que ciertas pésimas cifras económicas tiendan a estabilizarse no puede ser celebrado como síntoma de recuperación sino más bien de cronificación de la miseria en un futuro aterrador: Unicef nos señala como tercer país desarrollado con mayor cantidad de niños pobres y Cáritas habla de una "generación hipotecada". Y todo, en una nación a la que, según un estudio de la Universidad de Las Palmas, cada año la corrupción le cuesta ¡40.000 millones de euros!.
Cualquier día de estos una mención a que "toda la riqueza del país en sus distintas formas (...) está subordinada al interés general" (art. 128.1) será desacreditada por utópica, inoportuna y populista. E incluso antisistema. Periodista
