Hace más de quince años Juan José Millás publicó con este título una crónica novelada sobre el caso de la concejal de Ponferrada, Nevenka Fernández, víctima primero del acoso sexual del entonces todopoderoso alcalde, Ismael Álvarez, y objeto del escarnio judicial y social después, que la llevó al exilio.

Las últimas noticias sobre las primeras decisiones del Gobierno de España dejan la misma sensación que el título del libro de Millás. En la primera entrevista de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para explicar el alcance de la subida del salario mínimo interprofesional contó con cierta incomodidad que llevaban muchos días negociando con los agentes sociales, cuando hace apenas una semana tomó posesión del cargo.

Las negociaciones del equipo Podemos con la CEOE, sabemos ahora, que se llevan produciendo hace semanas, con contactos previos al más alto nivel. Tiempo han tenido porque desde noviembre han transcurrido más que algunas semanas, pero la sensación de que la realidad no es como nos la cuentan empieza a imponerse. La primera reunión de la mesa de diálogo social en esta nueva etapa fue ya la celebración pública del acuerdo, mientras las informaciones sobre quinielas de ministrables y las anécdotas del acuerdo de gobierno nos habían llenado todo este tiempo.

Ese mismo día se comunica formalmente, en palabras de la vicepresidenta primera, la intención de promover una reforma amplia del Código Penal que afectará al consentimiento de las relaciones sexuales, los delitos medioambientales e incluye la revisión de los delitos de sedición y rebelión para adaptarlos a los estándares europeos. Tanto el PSOE como ERC, Podemos guarda silencio, desvinculan esta decisión a las negociaciones para la investidura y del diálogo con Cataluña. La distancia que separa lo que nos cuentan y lo que parece que es, también funcionará en la dirección contraria, y el movimiento de intenciones y apoyos ciudadanos puede volverse opaco a los dirigentes políticos.

Mientras sucede todo esto, declara ante la Audiencia Nacional, Josep Lluís Trapero por delito de rebelión en relación con la actuación de los Mossos d’Esquadra en el cerco a la Consejería de Economía y el día del referéndum ilegal. La declaración le aleja de la caricatura que nos habían trasladado sobre su figura y sobre el cuerpo policial como frente en defensa de la sedición y la rebelión. Confiar en que lo que nos dicen es lo que sucede, terminará siendo un acto de fe, no muy propio de una democracia.