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El artículo del día

¡Hay que olvidar la Historia!

Además de la brutal represión, el franquismo sancionó económicamente a los vencidos

 

Cándido Marquesán Cándido Marquesán
09/12/2017

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, espetó: «Hay que olvidar la Historia», justo el 20-N, cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Franco. ¡Qué obsesión con olvidar nuestra Historia! Es de dominio común, salvo para algunos olvidadizos, que la dictadura de Franco ejerció una represión brutal sobre todos aquellos que lucharon en el bando republicano. Esta represión que supuso exilio, cárcel, torturas y muertes para cientos de miles de españoles, ha sido estudiada en gran parte por los historiadores. Un buen ejemplo es el libro El pasado oculto: Fascismo en Aragón (1936-1939) publicado en 1992, dirigido por Julián Casanova, con las historiadoras Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda y Mª Pilar Salomón, donde pudimos conocer un listado de muchos aragoneses asesinados por el fascismo. También estamos inmersos en un proceso de recuperar los cuerpos de muchos republicanos, que permanecen enterrados en numerosas fosas comunes.

Ha existido otro tipo de represión económica, prácticamente desconocida. Hoy podemos conocerla en Aragón gracias al libro Pagar culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945) de 2014 dirigido por Julián Casanova y Ángela Cenarro, y de los jóvenes historiadores Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo.

Sancionar económicamente a los vencidos tuvo cobertura legal y respondía a un plan sistematizado con objetivos concretos. La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 es el máximo exponente de la legalización del expolio económico, una ley que emana de otras promulgadas ya desde 1936, y que evidencia el interés de los golpistas, desde el inicio de la guerra en despojar de sus bienes a sus rivales. El Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional declara la ilegalidad de todos los partidos políticos que integraban el Frente Popular y se inician las incautaciones de todos sus bienes. Luego, el Decreto de 12 de noviembre de 1936, por el que se deja sin validez y se incautan las pesetas republicanas, el llamado «dinero rojo», dejando a las familias en la más absoluta ruina. Unos meses después el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 puso en marcha la Comisión Central de Bienes Incautados, encargada de confiscar los bienes de fortuna de los republicanos de los territorios conquistados.

Todo este entramado legislativo convergió en la mencionada Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, promulgada tras la caída del frente catalán y con el inminente triunfo definitivo de la guerra. Todo este castigo económico iba dirigido a reforzar las arcas del franquismo a costa de los considerados culpables de la guerra, y a neutralizar cualquier futura reorganización de los adversarios

Todas las personas que se mostraron a favor del sistema republicano o habían participado en él, desde 1934 y especialmente durante el gobierno del Frente Popular, o simplemente aquellas que mostraron pasividad ante la irrupción del «Glorioso Alzamiento Nacional», fueron las víctimas de esta ley represora. La Ley vulnera principios jurídicos básicos. Entre ellos, la retroactividad: una ley promulgada en 1939 condena la actividad política –contraria a los valores de una «nueva España» que aún no existía– desempeñada a partir del 1 de octubre de 1934. La ley consideraba delictivos hechos que en el momento de producirse eran legales, rompiendo el principio de nulle crime nulle poena sine lege. Además la gran mayoría de los acusados por responsabilidades políticas habían sido condenados ya por la jurisdicción militar por los mismos hechos, vulnerando el principio jurídico non bis in ídem. Por último, a este entramado judicial fraudulento le siguen aspectos tales como la extensión de la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, exiliados, ausentes y desaparecidos, o la transmisión «a modo de herencia» de las sanciones económicas a los familiares en el caso de haber fallecido/desaparecido el condenado.

En la página del Rolde de Estudios Aragoneses, que participó en la edición del libro Pagar culpas, podemos consultar el listado por orden alfabético de las 13.422 víctimas de la represión económica en Aragón. Me referiré a algunas. A Ramón Acín ya asesinado el 6 de agosto de 1936 en las tapias del cementerio de Huesca, se le impuso una multa de 20.000 pesetas por sentencia de 20-7-1938. A Odón de Buen y del Cos, que marchó al exilio, una multa de 10.000 pesetas. A Antonio Plano, alcalde socialista de Uncastillo, torturado brutalmente antes de morir y fusilado el 5 de octubre de 1936, una multa de 25.000 pesetas por sentencia de 28-10-1937, que al no poder ser pagada por su esposa le fueron confiscados su vivienda y todos sus enseres. A José Ignacio Mantecón, que se exilió a Méjico, una multa de 10 millones de pesetas por sentencia de 26-10-1938.

Como señaló Xavier Domenech, que también es historiador, en la Comisión Constitucional del 8 de marzo pasado, el Tribunal de Responsabilidades Políticas provocó la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal en la historia de España. Y mientras en los partidos políticos —y ahí reside el problema— ha habido varias leyes con las que se les ha restituido el patrimonio o se les ha indemnizado, nunca se ha planteado indemnizar también a las familias expoliadas en este periodo. H *Profesor de instituto

   
1 Comentario
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Por Asco 10:53 - 09.12.2017

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Es que el orgullo, el donaire y la riqueza de muchas de las familias de nuestros queridos políticos -constitucionalistas sólo para lo que les interesa- devienen del genocidio y el robo a escala industrial que perpetraron sus padres y abuelos. Gracias a eso se hacían abogados, jueces y demás zarandajas institucionales en los tiempos de la extrema placidez. Eso si, son gente de orden y demócratas de toda la vida, a carta cabal. Por eso están en contra de reabrir las viejas heridas, no vaya a ser que les salpique la sangre en la cara. El PP entero y medio PSOE vienen de ahí...