La intención del Gobierno de Rajoy de deshacerse de la sanidad penitenciaria y pasarle las competencias a las autonomías debe poner en alerta a las autoridades aragonesas, que tendrán que afilar bien el lápiz y repasar muy bien las cuentas antes de asumirlas. Aunque de facto el Salud presta este servicio desde hace tiempo, Madrid no resarce económicamente a la comunidad. Un millón y medio de euros anual le cuesta al departamento de Celaya la atención a los reclusos. El Servet fue el año pasado el tercer hospital de España en ingresos de presos (177), con una media de estancia de 7,6 días. Si a esto se añade que las patologías más frecuentes son crónicas y requieren de fármacos costosos, el negocio puede ser redondo.