Al fin, se empieza a poner el foco donde debió estar siempre: en qué condiciones, con qué participación y desde qué mayoría podría aceptarse (como algo inevitable) un proceso de independencia en Cataluña. Si este hubiera sido desde el principio el quid de la cuestión, ahora no estaríamos así, las próximas elecciones catalanas no serían un desafío explícito al Estado y ni Mas ni los oportunistas de Esquerra hubiesen convertido el independentismo en una bandera tras la que camuflar sus errores políticos, su corrupción y su vacío programático. Una adecuada racionalización de este asunto (a la vista de que amplios sectores de la sociedad catalana se alinean en el frente nacionalista) habría permitido establecer las condiciones de una eventual consulta con formato de referendo y la inexcusable exigencia de que solo una amplia participación del electorado y una mayoría muy cualificada a favor de la separación obligaría a negociar y establecer un nuevo estatus para Cataluña. Con esa alternativa, tomándoles la palabra a los soberanistas, todo se hubiese encauzado, porque estos nunca han tenido suficiente ascendiente como para arrasar en las urnas. Pero...

Es obvio que a los catalanes no les interesa marcharse dando un portazo. Su muy ventajosa relación comercial con el resto de España quedaría tocada por la inevitable reacción a su actitud y el consiguiente boicot a sus productos. Cataluña quedaría dividida en el interior y aislada en el exterior. Feo asunto. Tan feo, no se olvide, como la situación de España al perder uno de sus territorios más activos, dinámicos y ricos (ya solo faltaría que se fuesen también los vascos).

Por eso hace falta racionalizar el problema. A Mas y a Junqueras ya les va bien esto de las elecciones plebiscitarias, convocadas como "última opción". Vienen sugiriendo que 68 diputados sobre 135 (incluyendo a la CUP) serían suficientes para preparar la proclamación de independencia. O sea, que les bastaría con menos del 50% de los votos. Y ahí está la clave. Hablemos de eso... Pero con criterio democrático y atendiendo al Derecho comparado. No como lo hace Rajoy.