Empezó el pasado viernes con la escenificación del acuerdo entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos sobre las bases generales que deberían facilitar la conservación de todo el empleo que se pueda salvar de la crisis que estamos empezando a transitar y la reactivación de la economía. Acababa, en cambio, con la aprobación en el Congreso de las conclusiones de la comisión de reconstrucción con una mera abstención del PP en los capítulos sanitario y europeo y el voto negativo del principal partido de la oposición a las propuestas de medidas en las áreas social y económica.

El carácter genérico de las conclusiones de la comisión no quita importancia al texto adoptado en el marco del esfuerzo del Gobierno y de los actores sociales para disponer de una hoja de ruta que, a la espera de los resultados de la cumbre europea del 17 y el 18 de julio, establezca los grandes objetivos. Lo aprobado en el Congreso por la comisión es complementario a lo firmado en la Moncloa por empresarios y sindicatos y es, al mismo tiempo, la guía imprescindible para acudir a Bruselas con argumentos sólidos en la discusión de la estructura del fondo de reconstrucción propuesto por la Comisión Europea (750.000 millones de euros), del que a España le corresponden 140.000 millones.

Los cuatro apartados de las conclusiones -reactivación económica, programas sociales, reforzamiento del sistema de salud y Unión Europea- establecen un marco de referencia que debe traducirse en medidas específicas a fin de que se desvanezcan cuanto antes la desconfianza y las incertidumbres que ensombrecen el futuro. Eso es especialmente importante para avanzar en el proyecto europeo de ayudas, que entrañará algún grado de condicionalidad, es decir, que requerirá asumir compromisos sólidos para el saneamiento del tejido económico, con objetivos y calendario precisos. En este caso los enunciados no son suficientes.

De las concreciones depende que se puedan acortar los plazos para superar la crisis social, ya muy presente. Si ha sido posible reseñar en un documento el fondo de 10.000 millones para el rescate de las empresas, el de 40.000 millones para financiar nuevos proyectos y el plan Renove para este año, debe ser asimismo posible y útil que los trabajos de la comisión de reconstrucción se traduzcan en iniciativas concretas. La improvisación no tiene cabida en una situación de gravedad extrema. Sí la tiene apostar por la protección del medioambiente, por las nuevas tecnologías, por los planes de desarrollo sostenible y, en general, por la economía productiva.

Nada será fácil para salir del laberinto, pero disponer de una hoja de ruta factible facilitará las cosas, más todavía si de aquí al 22 de julio -fecha de la votación en el pleno del Congreso- se unen en el empeño quienes ahora han sido reacios a hacerlo. Las discrepancias entre los partidos políticos son visibles, pero no parece prudente dibujar líneas rojas cuando es más necesaria que nunca la capacidad de llegar a acuerdos y forjar consensos ante un reto enorme como el que ha dejado la pandemia. Si los agentes sociales han sido capaces de ello, no deberían serlo menos nuestros representantes políticos.