Los peores presagios se han cumplido: tras recibir por segunda vez una carta de Carles Puigdemont que no respondía a los requerimientos que le había transmitido, Mariano Rajoy puso en marcha formalmente el mecanismo para aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Generalitat. Con el apoyo explícito de las potencias europeas cosechado ayer en la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, y la estrecha colaboración del PSOE, Rajoy convocó para el sábado un consejo de ministros extraordinario para impulsar un paquete de medidas que pueden suponer la congelación de competencias y la sustitución de cargos del Govern. Se consuma con toda su crudeza lo que durante mucho tiempo fue uno de los eufemismos de los que está preñado el proceso soberanista: el choque de trenes institucional.

Es la consecuencia directa de la deriva unilateral, fuera del marco legal constitucional y estatuario, de la Generalitat. Hay muchas causas y raíces políticas de esta crisis de Estado (a las cuales el PP no es ni mucho menos ajeno), pero si el 155 ha dejado de ser un oscuro artículo para ser una realidad es responsabilidad del Govern y de su presidente, Carles Puigdemont. En su misiva de ayer, por fin aceptó (aunque de forma oblicua) que el 10 de octubre no se declaró la independencia de Cataluña en el Parlament, aunque amenazó con hacerlo en caso de que el Ejecutivo pusiera en marcha los mecanismos del artículo 155, algo que Puigdemont sabía perfectamente que iba a suceder en caso de decidir seguir fuera de la legalidad. En la misiva, el presidente catalán da por buenos los resultados del 1-O, un referéndum que no tuvo garantías democráticas (como indicaron los observadores internacionales) y que se convocó y se celebró al amparo de la ley del referéndum, primero suspendida y después considerada ilegal por parte del Tribunal Constitucional (TC).

Es ese texto, junto al de la ley de transitoriedad, aprobados ambos en las aciagas sesiones parlamentarias del 6 y el 7 de septiembre, el que sitúa fuera de la ley a la Generalitat, y a ellos apela, aunque sin citarlos, Puigdemont cuando asume los resultados del 1-O y cuando avisa de que puede enviar en cualquier momento dichos resultados al Parlament para una declaración unilateral de independencia (DUI). Ambos hechos no dejan más salida a Rajoy que impulsar el artículo 155. Así lo entienden dos de los tres principales partidos de la oposición y las potencias europeas, con Angela Merkel y Emmanuel Macron a la cabeza. De lo que se trata es de devolver a Cataluña a la legalidad y garantizar los derechos de todos los ciudadanos catalanes, no solo de aquellos que comulgan con el proyecto independentista.

No hay precedentes de la aplicación de este artículo, así que es ahora responsabilidad del PP y del PSOE encontrar la forma de desarrollarlo de forma quirúrgica y limitada en el tiempo, de forma que se dañe lo menos posible el autogobierno de Cataluña y con la convocatoria de elecciones en el horizonte. Es crucial que el Ejecutivo no cometa errores ni en lo despachos ni en la segura movilización callejera que va a darse en Cataluña. En los próximos días, la comunidad autónoma se juega no solo sus instituciones de autogobierno, sino el bienestar económico y la paz social. El mero hecho de llegar a este punto es la constatación de un colosal fracaso político de aquellos líderes que tenían la obligación de intentar, con buena fe y con la mente puesta en el bien común, resolver con las herramientas políticas y dentro del marco legal establecido un problema que no debe dilucidarse ni en los juzgados ni en la calle. Son malos tiempos para el optimismo, pero el hecho de que la aplicación del artículo 155 requiera varios días de procedimiento legal hace imperativo un nuevo llamamiento a la responsabilidad de quienes con su temeridad nos han llevado hasta el abismo. Aún hay tiempo de regresar a la legalidad y de hacer política dentro de ella. Esa es la única salida posible a esta crisis.