Escribo desde Santander, en los cursos de verano del palacio de La Magdalena. He venido a hablar de respuestas a la desigualdad, a la pobreza y a la falta de oportunidades. Pero en el coloquio algunas preguntas son sobre Cataluña y el momento cuasi pre-revolucionario, más que soberanista, que está viviendo. Intento eludir esa cuestión al modo umbraliano: he venido a hablar de mi libro, digo. Pero no vale. De forma amable se me insiste en si, al menos, puedo decir si estoy preocupado. Lo admito, estoy preocupado. Pero tengo la esperanza de que sentido común e inteligencia colectiva harán que, a partir de algún momento, se pueda compatibilizar la democrática aspiración de expresar nuestras preferencias con respeto al del Estado de derecho; es decir, hacerlo de forma legal y acordada. Solo así los resultados de una consulta o referéndum serán aceptados por todos.
Mientras tanto, hay que ocuparse de los problemas urgentes y cotidianos que impiden hoy a muchas personas ejercer sus derechos de ciudadanía: la falta de ingresos para llevar una vida digna y tener oportunidades de mejora.
La idea que he expuesto es que una de las lecciones que debemos extraer de esta crisis económica y de la política de recortes de gasto social (la austeridad) es que es necesario blindar los gastos en educación y sanidad del vaivén del ciclo económico. Porque, tengan la seguridad, volveremos a ver nuevas crisis financieras y económicas. Pero no han de conllevar el impacto que ahora han tenido sobre gastos sociales básicos para la condición de ciudadanía y la dignidad de las personas.
Las revueltas populares del 2011 y las convulsiones políticas que les siguieron estuvieron directamente vinculadas con el malestar social que provocaron los recortes en sanidad y en educación. La secuencia temporal es diáfana. La crisis financiera comenzó en el 2008. Pero fue en el 2010 cuando la Unión Europea decidió imponer la austeridad en el gasto social. El malestar social explotó en los meses siguientes. El argumento para justificar la austeridad fue el de los excesos del sector público. Pero no era cierto, excepto en el caso de Grecia. España e Irlanda tenían en el 2007 superávit presupuestario y su deuda pública era de las más bajas de la UE. La razón real de la imposición de austeridad fue buscar un margen en los presupuestos del Estado para financiar el rescate bancario. Y para ello era necesario reducir otros gastos. Pero no es propio de una política decente aceptar que el coste del rescate de los bancos se financie con recortes de los gastos sociales en educación y sanidad, como se ha hecho en esta crisis.
La desigualdad venía de antes de la crisis. Pero fue tras los recortes cuando se produjo un viraje en la tolerancia social hacia la desigualdad. Las manifestaciones del 15 de mayo del 2011 fueron la señal más evidente. Incluso la fundación de la Asamblea Nacional Catalana fue unos días antes, el 30 de abril de ese mismo año.
Ese malestar social tenía todo el sentido. La sanidad y la educación pública son los dos pilares fundamentales del contrato social de solidaridad entre clases sociales y entre generaciones construido en Europa después de la Gran Depresión y de la segunda guerra mundial. El fundamento de ese contrato es la promesa de igualdad de oportunidades en el acceso a estos dos bienes básicos: la educación y la sanidad. La austeridad dinamitó ese contrato social. No deben sorprender entonces las revueltas populares del 2011. Ni tampoco las convulsiones políticas. La historia nos muestra que toda crisis económica mal gestionada acaba mutándose en una crisis política. Pero no vale lamentarse por la leche derramada. Hay que aprender de lo ocurrido y prevenir. Recuerden la parábola de José y el faraón. O la construcción de embalses para prevenir los periodos de sequía. La experiencia de la hucha de pensiones ha sido buena, aunque insuficiente. Hay que hacer lo mismo con la educación y la sanidad. Los instrumentos para lograrlo dependerán de los acuerdos políticos que puedan alcanzarse.
Pero lo importante ahora es crear un estado de opinión favorable a la idea de que los presupuestos para educación y sanidad no deben depender del errático vaivén del ciclo económico y de los rescates bancarios. Para lograrlo hay que crear huchas para educación y sanidad.
*Catedrático de Política Económica
