El PP se dispone a poner en marcha una moción de censura en el recién constituido ayuntamiento oscense. Pretende recuperar una Alcaldía que se le escapó en el último suspiro: un daño colateral de los caóticos pactos que las derechas dicen haber suscrito. Algún concejal del tripartito conservador se abstuvo en la votación (que era secreta) y el socialista Luis Felipe fue investido contra todo pronóstico.

Con la moción de censura, que deben solicitar expresamente y por escrito una mayoría absoluta de los concejales, se supone que estos habrán de retratarse, y ninguno, sea de Cs, de Vox o del propio PP, podrá salirse por la tangente. La situación, en verdad, resulta ridícula, grotesca y aparece como una muestra de la atmósfera tóxica que se respira en el ambiente político.

Ocurra lo que ocurra, y dando por sentado que Ana Alós, la candidata conservadora a la Alcaldía, es una persona de reconocida solvencia que ya gobernó Huesca, llama la atención no solo la confusión que reina en las negociaciones y acuerdos entre las tres derechas, sino el hecho de que todas las decisiones corran por cuenta de unas reducidísimas cúpulas orgánicas que representan en Madrid a los diferentes partidos. En provincias, los representantes autonómicos y municipales que encarnan, supuestamente, la voluntad popular son meras marionetas. Y algunos se rebelan.