Estos días hemos tenido la oportunidad de conocer el Proyecto de Ley de Regulación del IMAR y las conclusiones son las que ya anticipamos cuando lo conocimos por informaciones de prensa. Estamos ante una simple operación política de maquillaje del modelo de depuración de las aguas más ineficaz e ineficiente de los existentes en España o, como dice la expresión popular, “los mismos perros con diferentes collares”.

El modelo aragonés de depuración se concibió para garantizar la rentabilidad para las empresas y no el interés público. La raíz del problema fue la opción por un modelo tecnológicamente complejo y energéticamente insostenible que ha provocado que las depuradoras puestas en servicio por el Gobierno de Aragón tengan un coste abusivo: 2,77 €/m3 de agua tratada, cuando el coste medio anual facturado por el saneamiento en España ronda los 0,92 €/m3.

Hablemos claro, se trataba y se trata de armar un provechoso negocio privado centralizado por la Comunidad Autónoma y respaldado por un impuesto confiscatorio (el más alto de los tributos sobre el agua existentes en España) no de dar un servicio público adecuado y eficiente. Entretanto, el sistema ha colapsado cuando quedan todavía cerca de 400 núcleos de población sin ningún tipo de depuración que seguirán engrosando los costes del sistema. ¿Qué gastos tendremos que afrontar cuando el sistema disponga de 100, de 200, de 300 depuradoras más y cómo haremos frente a los mismos? El Proyecto de Ley no viene acompañado de ninguna memoria económica, no establece ningún límite al crecimiento de las tarifas del impuesto y prevé que estas se actualizarán en la Ley de Presupuestos de cada año.

No alcanzaremos un sistema eficiente y sostenible si no afrontamos el problema en su raíz, si no reconocemos y revertimos las causas que nos han conducido al sistema de depuración y al consiguiente tributo más caro de España. Y la primera de todas ellas ha sido la obsesión de poner la planificación y gestión de la depuración bajo el poder centralizado y único del Gobierno de Aragón.

Tenemos ya numerosos ejemplos de que respetando las competencias de los ayuntamientos y favoreciendo sus buenas prácticas se obtienen sistemas mucho más eficientes y sostenibles. La depuradora que propone el Gobierno de Aragón para Canfranc-Estación tiene un presupuesto de ejecución material de 1.640.000 €. En contraste, el Ayuntamiento de Aínsa, cuya población es el doble (6.000 habitantes) ha conseguido que se diseñe una planta de fitodepuración cuyos costes constructivos alcanzan 1.160.000 €, un 30% menos. Pero además la planta autonómica de Canfranc, ofrecerá costes de mantenimiento de entre 22 y 35 € por habitante y año, la de Aínsa de apenas 3,60 €.

Pero el nuevo IMAR está muy lejos de favorecer esta vía, ya que seguirá penalizando a la población de aquellos municipios que traten de construir y gestionar sistemas sostenibles. Para empezar, deberán pagar un impuesto progresivo que sumado a la tasa municipal, también progresiva, tiene como resultado un duro castigo fiscal. El IMAR, salvo en hogares unipersonales, acaba suponiendo una reducción nula o irrelevante al pago actual por producción de aguas residuales. La progresividad en las tarifas tiene sentido en las tasas que facturan servicios prestados, pues al gravar el consumo redunda en mayor eficiencia y ahorro, pero no en la aplicación a un impuesto del Gobierno de Aragón cuando este no presta ningún servicio y los costes que debe sufragar no tienen relación con el consumo de los hogares.

La alternativa de la RAPA es combinar una tasa (municipal para aquellas poblaciones que gestionen su propio sistema de depuración o autonómica para aquellas cuya depuración esté gestionada por el Gobierno de Aragón) y un impuesto que pagaría toda la ciudadanía pero de importe muy inferior al actual. La tasa autonómica sería progresiva y sostenemos que su importe fuera similar a la tasa de saneamiento de Zaragoza. El impuesto universal para contribuir a los gastos generales del sistema sería muy sencillo en su concepción, en RAPA valoramos que pudiera cifrarse en 0,10 € por metro cúbico, de 5 a 7 € al año por persona de media. La suma de ambos componentes para los hogares no debe superar la media de lo que se paga en España en concepto de depuración de aguas residuales.

Esto, claro está, no cubriría la totalidad de los gastos actuales, pero el Gobierno de Aragón no debe cargar en las espaldas de los aragoneses las consecuencias de los errores cometidos en el pasado, sino hacerse corresponsable de los mismos. Una parte de los sobrecostes injustificados los cubriríamos los ciudadanos a través de un impuesto, pero el resto debe salir de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Esta cantidad habría que valorarla con los datos y necesidades actuales pero desde luego sería muy inferior a los 45 millones que el Gobierno de Lambán dejó de ingresar suprimiendo el pago del impuesto de sucesiones.

Esta reforma tendría numerosas ventajas frente al sistema continuista que se propone: los ayuntamientos se verían fuertemente estimulados a asumir sus obligaciones para ofrecer servicios propios a precios razonables, dejando de engrosar los costes generales del sistema; el Gobierno de Aragón, interesado en liberarse cuanto antes de la carga presupuestaria, haría todo lo posible por favorecer el tránsito a un sistema sostenible de gestión descentralizada; Zaragoza podría, sin la sobrecarga del ICA-IMAR, actualizar sus tasas e invertir todo lo necesario para asegurar cumplir su obligación de depurar eficazmente la mitad de las aguas residuales que se producen en Aragón.

Pero por el momento, nada de esto está previsto en un Proyecto que sólo pretende consolidar el desastroso modelo actual. Resulta significativo que se persevere en la exención automática del pago del IMAR a todas las explotaciones ganaderas sin distinción. ¿Alguien lo entiende cuando la nitrificación de las aguas es el mayor peligro medioambiental que en este momento tenemos en Aragón?

Haría bien el Gobierno de Aragón en retirar este Proyecto de Ley y presentar una propuesta seria de reforma. Si no lo hace, esperamos que entre las 67 personas que nos representan haya suficientes conciencias lúcidas capaces de anteponer el bien común a su interés personal para parar este desastre. La RAPA seguirá con la mano tendida al diálogo, pero dispuesta a activar la rebelión democrática de la ciudadanía si se persiste en imponerle servidumbres fiscales injustas y desproporcionadas para sostener un negocio ineficiente urdido en interés de las grandes compañías del agua.