Deberíamos partir de un hecho cierto: aunque la depuración de las aguas en Aragón fuese una actividad bien planificada y mejor ejecutada, es probable que hiciese falta alguna aportación de Zaragoza capital al fondo común para poder mantener en funcionamiento depuradoras en pequeñas localidades cuyos habitantes no pueden sostener solos dichas infraestructuras. Pero el ICA (Impuesto por Contaminación de las Aguas), cuyos abultados recibos ya llegan, no es tanto una consecuencia de la solidaridad como el único medio para poner a flote las cuentas del Instituto Aragonés del Agua, lastrado por el desastroso y tramposo Plan de Saneamiento puesto en marcha en su día por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés. Dicho Plan está pendiente de ser investigado por las Cortes.
Zaragoza ya pagó y paga su gran depuradora, cuyo coste se disparó a la estratosfera gracias a una gestión oscura y sospechosa. Otras localidades, como Fabara, pusieron en marcha su propio tratamiento de las aguas residuales con instalaciones mucho más baratas y exitosas en sus resultados. En no pocos pueblos, del Pirineo por ejemplo, la depuración nunca se hizo realidad pese a estar prometida y proyectada. Es lógico que los vecinos de dichos lugares vean ahora con extremo recelo el ICA y lo rechacen, una reacción social que dificultará cualquier intento de vender el nuevo impuesto.
