En España las competencias de agua y saneamiento corresponden a los Ayuntamientos. Sin embargo, la mayor parte de los municipios aragoneses cedieron esas competencias en su día a la DGA. Sobre esa base, se promovió una oscura operación de privatización del servicio, construyendo depuradoras sobredimensionadas y sobretecnificadas cuyo elevado coste se repercute hoy a todos los aragoneses a través del ICA.
Zaragoza (como Fabara y otros municipios), sin embargo, nunca cedió sus competencias, por lo que es el ayuntamiento quien nos presta el servicio y nos lo cobra a través de una tarifa sometida a la aprobación municipal. A pesar de ello, la DGA pretende cobrar también el ICA, con el fin de que Zaragoza, sin recibir servicio alguno, cubra una gran parte de los sobrecostes de esta operación.
El Gobierno de Aragón recauda con el ICA en la capital unos 13,5 millones de euros al año, lo que supone duplicar lo que pagan muchas familias y pequeños empresarios al ayuntamiento por este servicio. Desde el 2016 hasta el 2018 nos han cobrado un total de 45 millones de euros a cambio de nada; dinero que nos habría permitido cubrir la tercera parte de los 150 millones de euros que la ciudad necesita invertir durante la presente década en la construcción e imprescindible renovación de infraestructuras (depuradoras de La Cartuja y la Almozara, Peñaflor y Alfocea, drenaje pluvial …). Todo ello nos ha llevado a valorar, desde el consejo de administración de Ecociudad Zaragoza, del que formo parte, la necesidad de invertir en saneamiento unos 15 millones de euros/año (hoy se invierten apenas 6,5); además de incrementar en 8 millones la inversión para renovar la red de abastecimiento al ritmo necesario. En este contexto esos 13,5 millones/año del ICA, que no paran de crecer, más allá del abuso que suponen, dejan a Zaragoza sin capacidad para hacer frente a esas inversiones en un servicio del que depende nuestra salud.
En este duro periodo de confinamiento, bajo el estado de alarma, constatamos el grave error que supuso recortar fondos en sanidad pública y privatizar este tipo de servicios. Hoy nadie habla de las pretendidas excelencias de esas políticas privatizadoras, al tiempo que crece el consenso sobre la necesidad de reforzar la sanidad pública. En este contexto, sería bueno reflexionar sobre la importancia de garantizar también servicios públicos de agua y saneamiento gestionados desde la lógica del interés general, y no desde la lógica privatizadora, en la medida que son la base de esa salud pública que queremos fortalecer. Recordando el refrán de que no hay mal que por bien no venga, sería bueno, como insisto últimamente, hacer de la necesidad virtud y aprovechar las lecciones que estos tiempos tan difíciles nos brindan.
La DGA que, en aplicación de las medidas del estado de alarma, abrió una moratoria en el cobro del ICA, y que por otro lado tiene en su programa el compromiso de derogar este impuesto y reformar la ley, debería hacer de la necesidad virtud para resolver definitivamente este conflicto, que hasta ahora comporta 100.000 impagos en Zaragoza. En el marco de la reconstrucción socioeconómica que debe planificarse, la DGA debería incluir la apertura del diálogo social en torno a la alternativa que viene proponiendo la RAPA, con el apoyo de sindicatos, asociaciones vecinales, consumidores y todo tipo de colectivos sociales. Una alternativa razonable, justa y viable, basada en que nadie pague más de lo que se paga de media en España por este servicio, que los sobrecostes los cubra la DGA desde el presupuesto de la comunidad y que se establezca un impuesto de corresponsabilidad del orden de 0,1 €/m3. Así, la ciudadanía de Zaragoza, además de pagar la tasa municipal, aportaría entre 3,5 y 5 millones/año a la DGA (no los 13,5 actuales), como contribución de corresponsabilidad a la depuración en Aragón, liberando hasta 10 millones/año de lo que hoy se paga por el ICA, para poder encarar sus propias necesidades de inversión.
En el resto de Aragón, la inversión en depuradoras del Pirineo debería ir a cargo de los presupuestos de Aragón, puesto que la DGA recibió esos fondos con destino finalista. En los municipios que hayan cedido competencias, la DGA cobraría una tasa autonómica y el impuesto de corresponsabilidad, lo que equivaldría a la media de lo que se paga en España; el resto se cubriría desde los presupuestos de la Comunidad. Por último, en los municipios que mantienen sus competencias, se pagaría la tasa municipal, además del impuesto de corresponsabilidad (0,1 €/m3), lo que permitiría, con una buena gestión como la de Fabara, un pago total por debajo de la media nacional.
*Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza
