Están los juzgados aragoneses que echan humo estos días. El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido un nuevo varapalo a razón de las inmatriculaciones de algunos bienes eclesiásticos. Y al Gobierno de Aragón le ha sucedido otro tanto con la enseñanza concertada. En esta comunidad la moneda de la Justicia siempre parece caer del mismo lado cuando determinados asuntos llegan a los tribunales. El equipo del alcalde, Pedro Santisteve, no sale de una para meterse en otra y cada vez que un asunto llega ante un juez supone un nuevo traspié para Zaragoza en Común (ZeC). Pasó con el cambio de nombre del Príncipe Felipe y con la municipalización del 010. Y ahora se ha topado nada menos que con la Iglesia, que parece haber ganado, de momento. Aunque hay que reconocer que al consistorio le asiste la razón moral para plantear el uso de los bienes de dominio público.
Está bien plantear el debate y dar a conocer las formas, lacerantes y cercanas al expolio, con las que la Iglesia se ha manejado. Sin embargo, Santisteve y los suyos no deberían perderse en cuestiones que ni se encuentran entre las prioridades de la gente ni mejoran la vida en la ciudad. Asuntos más acuciantes precisan de la gestión municipal, que está atrancada y avanza solo a trompicones entre las zancadillas de los grupos de la izquierda local. Y entre enredo y enredo, entre sentencia y sentencia, ahí está el PP, con Jorge Azcón a la cabeza, liderando la oposición a golpe de rueda de prensa diaria; presto a hacerse con las riendas del ayuntamiento.
*Periodista
