Aragón es un territorio del interior que, con su escasa población y recursos, ha conseguido en los últimos treinta años, crearse un espacio económico con identidad propia en la historia de nuestro país. El desarrollo del Estatuto de Autonomía, a pesar de la parálisis de estos últimos cuatro años, ha beneficiado a los aragoneses tanto en el desarrollo económico como en la plasmación del Estado del bienestar.

Desde 1983 hasta el 2012 el PIB por habitante se ha multiplicado por casi siete, si nuestra renta era el 108% de la media nacional estamos en el 111,4% y en estos treinta años seguimos manteniendo el séptimo lugar de las regiones más ricas del país; aunque el trabajo y tesón de los aragoneses han sido la base fundamental, también ha habido otros elementos a considerar; nuestro mayor autogobierno, la competencia entre regiones, el impulso de las instituciones autonómicas, mayores inversiones, la descentralización, es decir... la política; con escasa población (apenas el 3% del país) e infraestructuras y nulos recursos naturales, los distintos gobiernos han hecho política regional poniendo el acento en los intereses de esta tierra, con más o menos acierto, pero desde Santiago Marraco pasando por Hipólito Gómez de las Roces, Emilio Eiroa, Santiago Lanzuela, José Marco y Marcelino Iglesias, todos han configurado un discurso territorial poniendo en valor nuestra renta de situación, el eje del Ebro como motor de desarrollo, el valor de la logística, la importancia de la industria de automoción y bienes de equipo, la pujanza de nuestras Cajas, la buena formación de los trabajadores, su alta productividad, la escasa conflictividad laboral y la experiencia y tradición de pactos.

Cada uno de ellos los ha ido hilvanando en función de su ideología, con el común interés de sumar; haciendo gala de aquella máxima medieval "en Aragón somos pocos pero no poco" se han producido siete acuerdos como fruto de la concertación de los agentes sociales y los diferentes gobiernos; a través de ellos entre 1989 y el 2010 se pidieron más competencias autonómicas, se definió el Consejo Económico y Social, el salario de inserción social, el ITA, los centros técnicos sectoriales, el Consejo Aragonés de Formación Profesional, el de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Servicio Aragonés para el Empleo, el de Relaciones Laborales, el SAMA, el plan integral de inmigrantes, las transferencias en educación y sanidad o la dependencia.

La crisis de los 80, la entrada en el Mercado Común, el desempleo de los años 93 al 96, el auge de la construcción, la caída del sector industrial, el desarrollo de la automoción, la reindustrialización de las cuencas mineras, el impulso de infraestructuras empresariales y de comunicación, el valor y la apuesta por la logística son una muestra de los problemas y retos que contemplaron los distintos acuerdos.

Si bien el efecto de estas prácticas de diálogo social y pactos no son cuantificables, nadie pone en duda que dan confianza, equilibran y modulan actuaciones, mejoran la productividad, reducen los conflictos y sirven para afianzar la identidad.

Obviar todo ello cuando estamos inmersos en esta inmensa crisis, es un desatino. El Gobierno de Luisa Fernanda Rudi está noqueado y sin iniciativa cuando llegamos a los 130.000 parados, somos una de las tres comunidades con mayor descenso de ocupación, perdemos fuelle y empleo en la industria, desaparece la construcción y languidece el sector servicios.

Con 40.000 familias sin ningún ingreso por estar todos en el paro, 513 esperando una vivienda de alquiler social, el 30,4% de las personas con derecho a ser atendidas por dependencia sin recibir ninguna ayuda y la constante devaluación de la sanidad y la educación, las únicas respuestas son las del boxeador ciego dando manotazos al aire como el director del Inaem haciendo a los sindicatos copartícipes del aumento del paro o el secretario general del PP prometiendo crear empleo neto este verano cuando el consejero apuesta por el 2015.

Creer que la política es solo gestión de la economía y el crecimiento del PIB la mejor credencial para las urnas es un grave error, la brecha social que se está creando y las indolentes formas de gobernar, rompen nuestra tradicional forma de entender el gobierno y la política en los últimos treinta años.

Frente a todo ello, la oposición mayoritaria está encorsetada entre una herencia a la que no puede renunciar y el descrédito de sus críticas y alternativas por el permanente recuerdo que el Gobierno hace del pasado, esperar a que el tiempo y el desgaste del PP traigan las alianzas para gobernar, emboscado tras discursos retóricos de izquierda y ninguna alternativa al momento que vivimos, es descorazonador.

Si con la que está cayendo, al responsable del PSOE en Aragón le ha costado dos años y medio reunirse con sindicatos y empresarios para exigir un pacto social por el empleo y ante la posibilidad de legitimar su liderazgo a través de las primarias elige la opción menos democrática y más orgánica, en contraposición a la confrontación abierta en la sociedad, difícilmente hará creíble sus alternativas y su proyecto político.