Los efectos de la pandemia no solo han tenido un impacto devastador en la salidad y en la actividad económica privada. También ha tenido un efecto muy dañino sobre todas las arcas públicas, que han tenido que hacer frente a un ingente gasto sobrevenido para asumir todas las contingencias derivadas del covid.

Si se analiza la ejecución presupuestaria de los presupuestos del Gobierno de Aragón al cierre del ejercicio, es palpable el daño que ha hecho el covid a los fondos públicos. Según los datos que publicaba ayer este diario, el Ejecutivo autonómico tuvo que afrontar un gasto adicional de 370 millones de euros que no se esperaba cuando se redactaron los presupuestos hace un año. Este considerable gasto, que supone casi un 5% del total del presupuesto, se ve todavía más agravado por la lógica merma de ingresos como consecuencia de la pérdida de recaudación derivada de la brutal crisis económica que generó el confinamiento.

Estas cifras indican la importancia que tiene armar bien los presupuestos públicos y darles el suficiente margen para afrontar incluso una crisis tan brutal y nunca vista antes como la que se está sufriendo en la actualidad. Por ello, resulta también notable la rapidez y el alto grado de acuerdo alcanzado para aprobar los presupuestos autonómicos del año próximo, que deben aparcar los criterios de inversión en infraestructuras públicas y otros elementos que ahora se antojan secundarios y destinar todos los recursos posibles a sostener el sistema público de salud, educación y servicios sociales y tratar de rehacer el muy dañado tejido productivo de la comunidad autónoma, sin olvidar a las pymes y los autónomos.

Otra de las lecturas que deja el cierre del ejercicio presupuestario es la importancia de tener una infraestructura pública de calidad. La mayor parte del gasto adicional y sobrevenido ha sido para contratar personal necesario para atender las necesidades sanitarias y educativas y también para adquisición de material, especialmente médico. De este modo, queda patente la importancia de tener unos servicios públicos robustos, ya que son los que están al frente cuando más se les necesita.

También es importante destacar que todo esto se ha podido hacer poniendo como prioridad al ciudadano, por encima de los fríos límites que imponen los topes de déficit y la estabilidad presupuestaria. Esta es fundamental y los poderes públicos deben respetarla, pero del mismo modo deben tener la suficiente flexibilidad para no tenerlos en cuenta cuando se habla de salvar vidas y tratar de mantener el máximo bienestar posible de los ciudadanos, como se ha intentado este año tan duro