La decisión del consejo de Plaza de dar más margen de tiempo a Agapito Iglesias para que pueda liquidar la deuda de seis millones que mantiene con la plataforma, antes de instar el concurso de acreedores a su empresa Multiinversiones 2010 es razonable si de lo que se trata es de evitar más pérdidas económicas a la empresa pública. Si hay posibilidades de cobro no tiene sentido apostar por la judicialización que tanto gusta al consejero Rafael Fernández de Alarcón y, menos todavía, interferir con esa decisión en una posible venta que facilitaría, precisamente, lo que se persigue: cobrar.
