No parece que termine de centrarse el nuevo Gobierno en sus responsabilidades de gestión pública. Las continuas contradicciones en las que caen sus ministros les confiere una permanente aura de improvisación. En general aciertan en política exterior --retirada de nuestras tropas de Irak, regreso a Europa, una buena negociación en la Constitución europea--, mientras que en políticas internas muestran un cierto desconcierto, más allá de la normal descoordinación inicial, con cierta tentación de deriva hacia políticas de declaraciones/espectáculo. Sin embargo, han planteado de forma muy correcta el inicio de un nuevo proceso de diálogo social, del que nadie habla, a pesar de su importancia.
Sin ningún género de dudas, el mejor balance del anterior Gobierno del PP se presenta en materia de empleo. Con más de cuatro millones de nuevos empleos creados, una masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, un espectacular saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social y una ligera caída de la temporalidad, nadie le discutirá sus méritos en esta materia. Ha obtenido un notable alto, casi un sobresaliente. Sólo aquel patético decretazo, en plena fase de política/soberbia arroja alguna sombra, que no oculta, ni mucho menos, dos legislaturas muy brillantes. Por eso, el nuevo Gobierno no planteará enmiendas a la totalidad de las políticas laborales --como ha hecho con el Plan Hidrológico--. No tendría sentido romper con aquello que ha funcionado bien.
EL NUEVOGobierno no correrá riesgos, por tanto, en materia económica ni laboral. No debe hacerlo. Con total seguridad apoyará sinceramente el proceso de diálogo social que acaba de iniciarse. Si los agentes sociales son capaces de llegar a un acuerdo en materia laboral, el Gobierno lo plasmará con sumo placer y celeridad en leyes y decretos; le interesa claramente el acuerdo. ¿Y a sindicatos y empresarios? ¿Se esforzarán en alcanzar puntos de acuerdo? ¿Estarán dispuestos a ceder con tal de conseguir un acuerdo? Yo creo que sí. A ambas organizaciones les conviene. Dejar que el Gobierno tome la iniciativa podría perjudicar algunos de sus postulados. Por eso, estoy convencido de que se aplicarán en la materia.
El momento político es adecuado, y el económico, óptimo. El número de empleos sigue creciendo por encima del 2%, una velocidad de crucero magnífica. Según todos los indicadores tendremos un 2004 razonable para el empleo. Tenemos tiempo de ir mejorando nuestro mercado de trabajo, sin urgencias perentorias. Pero no todo es de color de rosa: nuestro mercado laboral tiene sus puntos débiles. El más grave de todos ellos, cara a nuestra competitividad externa, es la prolongada pérdida de productividad que hemos sufrido durante estos últimos seis años. Nos estamos convirtiendo en un país donde sale muy caro producir, y eso lo terminaremos pagando. Ya estamos sufriendo el fenómeno de la deslocalización, que podría acentuarse cara al futuro. Por eso, uno de los principales objetivos del nuevo diálogo social debe ser la mejora de nuestra productividad. ¿Cómo? Pues con moderación salarial, estímulo salarial vinculado a la productividad, inversión empresarial y pública en formación, tecnología e infraestructura productiva.
PARAfomentar la estabilidad en el empleo existen varias recetas. Desde luego, subir la cotización de los contratos temporales sería un grave error. La mejor manera de conseguirlo sería rebajar la cotización de los contratos indefinidos --que podría sustituir la actual política de bonificaciones--. Esta rebaja --que gusta a los empresarios-- podría compensarse con la creación de un fondo de reserva de desempleo --similar a la que ya funciona con las pensiones--, que agradará a los sindicatos, al mismo tiempo que otorga estabilidad financiera a nuestro sistema de desempleo. Nuestra indemnización de despido sigue siendo muy alta. Para todos los nuevos contratos indefinidos --independientemente del colectivo al que pertenezcan--, deberían aplicarse la cuantía de despido pactada en los acuerdos del 97. Los contratos antiguos tendrían 45 días, y los nuevos, 33.
Otro importante campo de acuerdo se podría centrar sobre la intermediación laboral, absurdamente limitada en nuestro país. Los agentes sociales no avanzarán mucho en materia de negociación colectiva. El posible acuerdo en este asunto se limitaría a aspectos cosméticos y a mejoras técnicas y jurídicas. Ojalá los negociadores nos regalen un buen acuerdo social. Sería la mejor noticia para nuestra economía.
*Escritor y exministro de Trabajo
