Los cálculos en los que se basan los ajustes del impuesto sobre la renta muestran un país en el que ganar más de 60.000 euros brutos al año otorga la condición estadística de rico, pues a partir de esa cifra se entrará en el último tramo de tributación. Hoy, antes de la reforma, este límite está en 300.000 euros, más alineado con lo que ocurre en Europa. Por lo visto, la devaluación interna tiene el efecto colateral de tratar como rica a la clase media.
Los ajustes en las tablas de tributación harán que quien ingrese menos de 53.400 euros brutos al año pague algo menos que antes del incremento realizado en el 2011, y el resto, más. La equidad y solidaridad están detrás de esta decisión, aunque cabe preguntarse si las bases de cálculo son correctas. La encuesta de estructura salarial publicada el miércoles pasado parece dar la razón a quienes han diseñado una reforma para un país de mileuristas. Según cuenta el INE, el salario medio es de 22.726 euros por año, siendo 15.500 euros el salario bruto anual más frecuente.
EL PANORAMA que describe el INE y usa Hacienda como referencia es el de un país donde ingresar mil euros al mes es una proeza y pasar de los 3.000 un milagro solo alcanzado por el 8% de la población ocupada. ¿Son compatibles estos teóricos ingresos con el número de personas que pagan 700 euros o más de hipoteca al mes? ¿O con el millón de coches vendidos cada año? ¿O con el número de ciudadanos que tienen más de una residencia? ¿O con los más de medio millón de alumnos en la escuela privada y 1,5 millones en la concertada? ¿O con los más de 160.000 ahorradores con más de un millón de patrimonio líquido (es decir, sin contar inmuebles)?
Algo no cuadra, tal vez por el ¿con IVA o sin IVA? de fontaneros o electricistas, la tributación por módulos de bares o fruterías, la simulada relación mercantil de abogados con sus despachos o los ingresos declarados por médicos en sus consultas privadas. No cuadra, en definitiva, que España sea el país con más billetes de 500 euros en circulación, que el número de españoles con cuentas en Suiza o Andorra sea similar al de ciudadanos de cualquier país rico o que con un 25% de paro se pueda pasear tranquilamente por la noche. Para hacer una verdadera reforma habría que encarar de frente el fraude incrementando la recaudación por lograr que todos paguen y no por subir los tipos.
LO QUE NOS presentan no es una reforma fiscal sino un simple ajuste en las tablas de tributación de los colectivos que no pueden escaparse, asalariados, parados con prestación y pensionistas. Hacienda dispara a piezas maniatadas. Para acabar con el fraude, lo primero sería mentalizar a la sociedad de que quien defrauda no es un listo sino un insolidario que debería ser aislado socialmente.
Hecha la enmienda a la totalidad, lo primero que se observa en este ajuste de tablas es la distinta velocidad de bajada y subida. Los impuestos subieron inmediatamente tras el Consejo de Ministros del 30 de diciembre del 2011 para dos años. La bajada acabará cinco años más tarde, si sigue este Gobierno, y nos la han contado a plazos para que creamos que es mayor.
El contenido no es para tirar cohetes, y aunque nos dicen que en Bruselas se han enfadado por la caída de impuestos, no pueden estarlo mucho porque la bajada será pequeña. Por lo que sí deberían estar enfadados es porque no se entra en el meollo del problema fiscal español, el fraude. Claro que si sus euroseñorías invierten en sicavs en Luxemburgo no parece que eso de la elusión fiscal les moleste mucho.
En el argumentario para defender la bajada de impuestos está el incremento del consumo y el ahorro. Es verdad, pero son las rentas medias y altas las que consumen y ahorran más por su renta disponible, porque las bajas bastante tienen con sobrevivir. Seguir con una lógica confiscatoria a los asalariados de clase media no es coherente con este necesario impulso del consumo y el ahorro que se quiere dar.
De todos los ajustes anunciados destaca por injusta la tributación de la indemnización por desempleo en un país donde las indemnizaciones más relevantes suelen servir de puente a la jubilación de quien pierde su empleo pasados los 50, pues difícilmente encontrará trabajo. Si hay fraude o abusos, atáquense, pero que no se castigue a todo el mundo por un puñado de casos que, en todo caso, suelen tener el amparo de la justicia laboral.
Al paso que vamos, el IRPF, que supone más del 80% de los ingresos fiscales, acabará siendo solo el impuesto a la clase media asalariada. Para el resto, barra libre.
Asesor
