El Gobierno necesita recaudar 4.800 millones de euros este año y el que viene. Ese es el precio de los compromisos en pensiones a los que el Ejecutivo se ha comprometido en los Presupuestos del Estado, ya sea por la negociación con el PNV (una subida mínima de las pensiones del 1,6% este año y del 1,5% en el 2019), ya sea por las promesas efectuadas tras las multitudinarias manifestaciones de jubilados. En el Programa de Estabilidad 2018-2021 que el Gobierno remitió el lunes a la Comisión Europea, el Gobierno explica que piensa contribuir a financiar la Seguridad Social con «nuevas figuras tributarias», entre las que destaca un impuesto sobre las grandes empresas tecnológicas. El problema es que aun suponiendo que la denominada tasa Google se aplicará como el Gobierno pretende (por ejemplo, en el asunto de la retroactividad para este mismo año), las cifras que maneja el Ejecutivo no alcanzan ni la mitad de esos 4.800 millones de euros extras. Por tanto, habrá que ver exactamente qué nuevas figuras impositivas estudia el Ejecutivo. En la manifestación del 1 de mayo, Pedro Sánchez recordó su propuesta de impuesto extraordinario a la banca.

?El documento remitido a Bruselas muestra que los planes del Gobierno respecto las pensiones pasan por esta inyección extra los dos próximos años (desechando la desindexación y el factor de sostenibilidad) pero no por una profunda revisión del sistema dentro del marco el Pacto de Toledo para hacerlo sostenible en un momento en que las cotizaciones a la Seguridad Social no bastan par garantizar la viabilidad del modelo. No es la solución estructural que demandan los pensionistas, y que como se vio en las manifestaciones sindicales del martes se han convertido en una de las principales demandas del momento.

La jornada reivindicativa tuvo eco en decenas de ciudades españolas con lemas vinculados a la igualdad, mejor ocupación, salarios más altos y pensiones dignas como resumen de las exigencias de los asalariados, que ven cómo la recuperación económica no lleva consigo una reducción de la precariedad, la desigualdad y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Impuestos directos al margen, la mejor forma de garantizar unas pensiones dignas son unas cotizaciones sólidas a la Seguridad Social, y para ello son necesarios unos salarios dignos que están lejos de ser la norma en España