Los ciudadanos de los países nórdicos europeos están convencidos de pagar los altos impuestos que les exigen las administraciones; a estos países siempre los hemos tenido como referencia en temas de educación, cultura e infraestructuras. Su política social tiende a promocionar la igualdad en ámbitos que afectan a toda la población y no hacia una igualdad de necesidades mínimas. Todos los sectores están protegidos bajo un sistema de seguro universal, con la idea de no fomentar la dependencia de la familia sino la independencia del individuo. En nuestro país tradicionalmente la familia ha jugado un rol de protección y responsabilidad excesivo que ha recaído principalmente en la mujer y, cuando ésta se ha incorporado al mundo laboral, han sido los abuelos los que han asumido esa protección; este compromiso supone un detrimento en la calidad de vida de unos mayores a los que, por derecho, les tocaría administrar su tiempo de descanso a su antojo. El Estado de Bienestar se basa en el bienestar del individuo y por extensión de la sociedad, y eso no ocurre de manera plural en nuestro país. Las circunstancias que han producido el desorden son muy amplias, desde la mala gestión hasta la extendida corrupción. Es por eso que cuando un nuevo impuesto como el de la Contaminación de las Aguas (ICA) se intenta incorporar en nuestra comunidad y si, además, las administraciones están divergentes en la imposición, entonces la rebelión está asegurada. Tendrán que pasar muchos años para que crezcan, en nosotros, la conciencia y la confianza de la rentabilidad de los impuestos. Mientras el fraude fiscal siga campando a sus anchas, será muy difícil crear un estado con una efectividad de gobierno en la que veamos compensado lo que se paga y en lo que se invierte.

*Pintora y profesora de C.F.