Mañana se cumple la fecha límite impuesta por un juzgado de Barbastro para que el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida devuelva a la diócesis aragonesa 111 obras de arte que permanecen en depósito en esta ciudad catalana desde hace más de un siglo. Con este fallo se debería poner punto final a un pleito que se viene arrastrando desde hace más de 25 años, cuando el Vaticano segregó de la diócesis de Lérida a numerosas parroquias altoaragonesas que pasaron a pertenecer a la diócesis de Barbastro-Monzón. El Vaticano decidía equiparar los límites eclesiásticos a los provinciales y generaba así un conflicto por el arte sacro que trascendió los límites diocesanos para convertirlo en un pleito político y un asunto que, probablemente, haya sido el que ha generado más páginas y debate en la prensa de las dos comunidades en las últimas dos décadas.

La desobediencia manifiesta de las autoridades catalanas que forman parte del consorcio del museo (la diócesis de Lérida, la diputación provincial, el consistorio, la Generalitat y el consejo comarcal del Segriá) impidieron que se ejecutaran las reiteradas sentencias vaticanas que ordenaban, eso sí, la devolución «a las parroquias de origen», no al museo de Barbastro en el que finalmente se depositarán y en el que el Gobierno de Aragón hace más de 12 años invirtió 10 millones de euros.

Sin embargo, a escasas horas de que expire el plazo dado por el juzgado de Barbastro, (que a su vez ha dado cinco días a la Generalitat para presentar alegaciones aunque según una insólita nota del Tribunal Superior de Justicia de Aragón no exime al museo catalán de cumplir con la fecha límite) todavía no está claro que Cataluña vaya a devolverlas. Eso implicaría que se tuviera que ejecutar la sentencia por la fuerza. Esta circunstancia se debería evitar por todos los medios, ya que no sería deseable ver una imagen tan poco edificante en tiempos de coser costuras como la de las fuerzas del orden entrando en el museo leridano para recuperar las obras.

Este pleito se ha enconado y utilizado políticamente, para desgracia de las gentes de la zona, que viven más ajenas al conflicto de lo que lo han hecho los distintos centros políticos de una y otra comunidad autónoma. Pero las sentencias están para cumplirlas en cualquier Estado de Derecho, y España lo es. Nunca se debería haber llegado a este punto, ahora solo hay que cumplir con la Justicia y pasar página para que un asunto como este no erosione más las relaciones bilaterales entre dos comunidades hermanas que llevan demasiado tiempo con unas relaciones muy enrarecidas.