Hay un hilo permanente en el Gobierno de España, haga lo que haga. Su pretensión por dilapidar las decisiones que toma con incendios que nada tienen que ver con la buena gestión. Cada semana, un incendio que nadie incita a provocar salvo la irremediable torpeza del Ejecutivo.
Hasta cuando a bombo y platillo el Gobierno se financia una campaña institucional para hacer una loa de fortaleza sin haber salido de la pandemia con un país al borde de la quiebra sanitaria, económica y moral. Del «saldremos más fuertes» a la fase perenne de «vergüenza ajena».
Que un juez de la talla de Marlaska, tan aplaudido por su lucha contra ETA en los años más sanguinarios, cese a un mando de la Guardia Civil por seguir las órdenes de una jueza dentro de sus funciones es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo en el Gobierno. Esto tiene un nombre que, desde luego, es incompatible en cualquier democracia.
Tampoco es de recibo que Marlaska intente con un fajo de billetes apagar el incendio creado en pocas horas con el anuncio de la equiparación salarial de la Guardia Civil. No es digno, ni necesario ridiculizarse tanto. Salvo que el Gobierno de Sánchez crea en los unicornios del azar continuo de la política.
Porque se puede cesar a Pérez de los Cobos por falta de confianza -siempre que se motive contundentemente o no esté en mitad de una instrucción-, e incluso aplicar una merecida subida salarial a la Guardia Civil. Pero cuando lo primero da paso a lo segundo, es de un manual tan indecoroso que resulta bochornoso.
La dimisión de Marlaska no puede esperar más tiempo. Su actuación es de primero de injerencia del Ejecutivo en las causas judiciales. Porque este desgobierno está siendo la mejor gasolina al incendio que pretende Vox y sus satélites. Es la izquierda que más gusta a la derecha. Ni una caravana inoportuna de vehículos rojigualdas le da oxígeno político al Gobierno.
Y sin descuido de algo aún más grave que sobrevuela a todo el lío Marlaska, y que apenas se percibe por el humo del incendio. No es cuestión solo de una decisión errada en la destitución del coronel, sino que se atisba una pulsión infatigable del Ejecutivo por erosionar poco a poco al resto de poderes.
El sanchismo tiene una querencia peligrosa por convertir al legislativo, al judicial o al administrativo, e incluso a las autonomías, en un ornato irrelevante. Todo empieza y termina en Sánchez.
