La creación por parte del Gobierno de Aragón de una sociedad de capital-riesgo destinada a financiar directamente proyectos empresariales punteros y viables es parte del Acuerdo Económico y Social firmado recientemente por la DGA, patronales y sindicatos; pero al mismo tiempo viene a cubrir un vacío en la trama del sector público aragonés, ya que casi todas las demás comunidades españolas poseen instrumentos semejantes.
El gran reto es que la sociedad de capital-riesgo (que pretende arrastrar a las cajas de ahorro y a inversores privados) funcione con profesionalidad y buen tino, que actúe a partir de análisis de viabilidad coherentes y no movida por intereses políticos. Esas son las claves para convertirse de verdad en un motor de desarrollo capaz de impulsar la investigación, la innovación, las nuevas tecnologías y la diversificación económica.
Dando pues por buena la idea de poner en marcha esta nueva sociedad pública, cabe plantear un último pero esencial interrogante: ¿posee la DGA recursos financieros suficientes como para comprometerse en operaciones estratégicas de carácter empresarial y sostener simultáneamente los servicios sociales y asistenciales que son de su competencia?
