Los diversos sectores económicos, y cada uno de los ciudadanos, analizan las múltiples variables que les afectan del plan de desconfinamiento aprobado por el Consejo de Ministros. Algunos políticos lo hacen con brocha gorda y se quedan anclados en algunos de los conceptos que se utilizan para planificar la ruta para llegar a lo que el presidente Sánchez llamó «la nueva normalidad». Leen la palabra «provincia» y ya no atienden a nada más. Ciertamente, determinar unidades territoriales que aúnen la existencia de datos fiables en esa escala y permitan un control efectivo de la movilidad de las personas entre territorios que se hallen en fases diferentes de confinamiento es todo un reto. El Ejecutivo lo ha saldado a través de la división provincial que es clara para los ciudadanos y para los agentes de la autoridad que deban controlar los posibles excesos, pero que encierra múltiples paradojas y desajustes respecto de las circunstancias locales que se pueden solucionar atendiendo a los diversos niveles de estructuras territoriales desplegados en cada comunidad.

No es esta la única complejidad del nuevo reto colectivo. La apertura de pequeños comercios, locales de servicio, hoteles, bares y restaurantes prevista en la fase 1 del desconfinamiento abre muchas incógnitas en el terreno económico. La apertura con aforos restringidos o con servicios individualizados supone un grave riesgo para la viabilidad económica de muchos negocios. Estas limitaciones les comportarán graves perjuicios en sus ingresos que en muchas ocasiones no les permitirá cubrir gastos básicos como el alquiler, el pago de suministros y las nóminas de todo el personal. Como en otras ocasiones, el Gobierno deberá acompañar en los próximos días estas medidas de distancia social con otras de tipo económico. Los comercios y servicios que reabran, ¿podrán mantener parcialmente algunas de las ayudas que tenían para permanecer cerrados como rebajas en los alquileres o mantenimiento parcial de los expedientes temporales de regulación de empleo? Si se sigue la dinámica habitual, hay que dar margen al Gobierno para que aborde, también, las ayudas al desconfinamiento como ha arbitrado las de la hibernación.

Pero el reto es de tal magnitud que la solución a estas incógnitas económicas de la nueva normalidad no llegará solo desde las administraciones. En este nuevo escenario van a tener que cambiar algunas reglas que configuran el comportamiento de los mercados. Es evidente que la reducción del aforo permitido en los locales, por ejemplo, altera el valor de su alquiler o venta. El precio de muchos servicios deberá ir acorde con el valor añadido real que generen en el nuevo escenario. Son momentos para que las relaciones entre particulares mutualicen de alguna manera las penurias derivadas de una forma de vida social que obliga a primar la distancia, porque evita el contagio, antes que el beneficio económico. Quienes no entiendan este cambio de paradigma no van a retomar su actividad, o impedirán que otros lo hagan. Menos actividad implica la reducción de márgenes y ello solo es posible si se logra reducir los costes de todo tipo: suministros, materias primas, impuestos y trabajo. Cargar todo el peso solo en uno de estos vectores, significa no entender las nuevas reglas del juego. Nos cuesta imaginar cómo será el mundo cuando recuperemos las calles, los espacios de trabajo y los lugares de ocio. No nos podemos dejar llevar ni por la fatalidad ni por la ingenuidad. Será una realidad diferente, también económica, que las administraciones deben ayudar a superar, pero en la que todos los implicados deberemos salir de los presupuestos del paradigma anterior.