El Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha sufrido un gravísimo revés con tres demoledores informes de los responsables de Medio Ambiente, Mercado Interior y Política Regional de la UE. Es cierto que estos documentos son sólo la base técnica sobre la que la Comisión Europea debe basar la decisión de financiar el 30% del trasvase, y que la resolución final dependerá tanto de los equilibrios de poder en Bruselas como de la viabilidad de la inversión. Pero Aznar no deja España precisamente en situación de lograr un aprobado político. Además, las dudas de los técnicos son tan profundas que permiten cuestionar si el trasvase es posible, incluso con la financiación asegurada.
Aunque el Gobierno actual quiera ocultarlo, los expertos europeos dan la razón al movimiento antitrasvase. No se han estudiado alternativas, no hay garantías de que haya agua suficiente, los costes serán muy superiores a los declarados y los beneficios se han exagerado. Las falsedades o la ocultación de información pueden servir para hacer electoralismo, pero es mucho más difícil que permitan arrancar los fondos comunitarios necesarios para construir un trasvase imposible o que, de realizarse, podría no ser rentable para nadie más que para las constructoras.
