Todos los grupos parlamentarios, con la excepción del PP, han reclamado al Gobierno una reforma legal para que en el futuro el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a los cargos judiciales por una mayoría cualificada, en lugar de la actual mayoría simple. Así, los vocales del sector conservador designados por el PP no podrían seguir imponiendo su rodillo para copar por 11 votos a 10, como hacen sistemáticamente ahora, la totalidad de los altos cargos de los tribunales. Esta reforma impediría también que, dentro de unos años, una hipotética mayoría del PSOE pudiese reincidir en esta actitud partidista.
Las acusaciones del PP de que esta propuesta busca "amordazar a los jueces" y aumentar la politización de la justicia no son racionales. Recordemos que el detonante de esta iniciativa ha sido el intento de los magistrados conservadores de convertir el poder judicial en un contrapoder partidista contra los proyectos del Ejecutivo.
La exigencia de que los nombramientos se efectúen por amplio consenso no debería tener otra consecuencia que un refuerzo sustancial de la imprescindible imparcialidad e independencia de la justicia.
