La decisión judicial de imponer el embargo de bienes al concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, y a un técnico municipal para hacer frente a las posibles responsabilidades por el accidente de la carpa Ocktoberfest, en la que resultó herida una persona, es inédita. Desde el consistorio se ve con estupor que una forma histórica de tramitar permisos pueda tener estas repercusiones. Y no andan desencaminados. No es ni normal ni lógico. Y temen, con mucha razón y como se está demostrando ya en carpas e hinchables, que los técnicos tengan miedo a tramitar los permisos ante las potenciales consecuencias que cualquier incidencia similar les puede acarrear.
