Salvo una posterior pirueta jurídica imprevista, ayer quedó despejada la duda que ha planeado a lo largo de todo este año sobre Cristina de Borbón y sus presuntas responsabilidades en el caso Nóos: la infanta se sentará en el banquillo, acusada de dos delitos fiscales. Es el desenlace provisional de un caso en el que concurren varias circunstancias extraordinarias. La primera, y la más llamativa, es que es la primera vez que un miembro de la familia real española ha tenido que comparecer ante la justicia, y además como imputada. No menos atípico ha sido que, a lo largo de la instrucción del caso, los encargados de defender los intereses públicos (esto es, la fiscalía y la Abogacía del Estado) hayan exhibido más vehemencia para exonerar a la infanta que para demandarle responsabilidades. Y finalmente, y como derivada de esta singularidad, la de que el valeroso juez instructor, José Castro, ha podido mantener la presencia de la infanta en el proceso gracias a la acusación popular representada por un sindicato tan oscuro como Manos Limpias.

Pero excepcionalidades al margen, lo que la justicia se apresta a dilucidar es muy claro: en qué grado y medida la infanta conocía y participaba en las operaciones delictivas de su marido. Iñaki Urdangarin y sus socios hincharon facturas a organismos públicos por etéreos servicios prestados por el Instituto Nóos --entidad que se presentaba como sin ánimo de lucro--, con el agravante de que gran parte de lo ingresado se desviaba a una empresa instrumental de los ahora exduques de Palma, Aizoon, que servía para enmascarar otros ingresos y tributar menos impuestos. Un fraude como los que la justicia persigue a diario, y que ahora conduce al matrimonio al banquillo y al pago de una fianza de 17,5 millones de euros.

IGUALES ANTE LA LEY

El juez Castro recordó ayer una obviedad: que defraudar al fisco es defraudar al conjunto de la sociedad, porque lo que no paga quien está obligado a ello lo acaban pagando indebidamente los otros ciudadanos, eso si no se traduce en una merma de servicios por parte del Estado. Es decir, que todos los españoles son iguales ante la ley, como muy acertadamente dijo hace tres años Juan Carlos I. Entonces su hija Cristina no estaba imputada --sí Urdangarin--, pero el aforismo tiene la misma vigencia en la España en la que reina Felipe VI.