El acto judicial que se desarrolló ayer en los juzgados de Palma de Mallorca es un hecho inédito: nunca un miembro de la familia real española había comparecido ante un juez. En este caso, la infanta Cristina lo hacía como imputada en un caso de corrupción que afecta de lleno a su marido, Iñaki Urdangarin. Imputada en abril del 2013 por el juez José Castro por cooperación necesaria, desimputada después por la Audiencia de Palma y vuelta a imputar por delito fiscal y blanqueo de capitales, la infanta ha sido finalmente la protagonista de un caso que ha deteriorado la imagen de la Monarquía y que ha acabado con el tabú informativo que rodeaba a la institución.

Cristina de Borbón, como era previsible y le habían aconsejado sus abogados, negó en su declaración que tuviera conocimiento de las actividades presuntamente delictivas de la empresa familiar Aizoon y del Instituto Nóos y, cuando el juez le preguntó sobre la presencia de su firma en facturas u otros documentos, explicó que lo hizo porque "confiaba" en su marido. El desconocimiento, la no participación en la gestión y la confianza en su cónyuge constituyeron la línea de defensa ante los centenares de preguntas a que fue sometida. La complejidad del caso y la importancia de los detalles, así como la oposición a la imputación de la fiscalía y la abogacía del Estado, harán que la decisión final del juez seguramente no sea inmediata.

IGUALES ANTE LA LEY

La declaración de la infanta cumple con el precepto sobre la igualdad ante la ley recordado por el Rey en su mensaje de Navidad de hace dos años. Este es el lado positivo de la comparecencia. El negativo es que se ha tardado demasiado tiempo en afrontar lo que muchos veían como inevitable y esa tardanza y las maniobras jurídicas que la han provocado han contribuido al "martirio" lamentado por la Casa del Rey y a la sensación de que se preparaba un trato de favor. Finalmente, sin embargo, las aguas han vuelto a su cauce, gracias al cambio de estrategia y a la actuación de los abogados de la infanta, que incluso han elogiado a un juez sometido anteriormente a presiones y a operaciones de desprestigio. Consumada la declaración, de algo más de seis horas, es preciso ahora que la Justicia actúe con independencia y con la mayor celeridad posible para que la institución a la que Cristina en parte representa no sufra más de lo necesario.