En su estremecedor alegato ante la comisión de investigación, la representante de las víctimas del 11-M, además de criticar a los partidos, interpeló a los medios de comunicación para cuestionar sus criterios éticos. También en este aspecto merece una respuesta de la mano de una autocrítica sincera.
Sólo el ejercicio libre del derecho a la información puede garantizar que se aclare la verdad sobre la masacre y se recuerde con respeto a las víctimas. Lo vino a reconocer ella misma al insistir para que su intervención llegara a los periodistas y no quedase ahogada por la puerta cerrada. Tiene razón, sin embargo, al recordar que hay límites que en ocasiones se han sobrepasado. Sobre todo, por quienes han avivado especulaciones irresponsables acerca de la autoría del atentado con ánimo partidista, y por los que han avivado la morbosidad repitiendo imágenes del desastre después del momento de la información lógica.
Respecto del fondo del alegato, es cierto que, en conjunto, ha faltado sensibilidad a la hora de entender qué efecto tendría la información en las personas afectadas por el 11-M directamente. Porque, además de protagonizar un drama colectivo, mantienen íntegro su derecho a la intimidad.
