Gobierno de Rajoy, año 2014, trámites parlamentarios express, aprobación de la reforma legal para terminar con la justicia universal. Objetivo: acabar con la capacidad de los jueces españoles para perseguir crímenes de lesa humanidad fuera de España. Procedimiento: por la puerta trasera, a través del grupo parlamentario popular. Daños colaterales: jaque mate del poder legislativo al judicial y extralimitación de las normas internacionales aprobadas por España. Inverosímil, pero cierto. ¿En qué país democrático un legislador decide el cierre de causas judiciales cuando ello es tarea de jueces? Eso es injerencia y usurpación de funciones, acabar con la separación de poderes, y quebrantar los tratados internacionales rubricados. Y no es que lo diga yo sino que ha sido la Audiencia Nacional, el juez Andreu y la fiscalía, que han denunciado la posible inconstitucionalidad de la nueva norma. El que sí ha tenido un par es el juez Pedraz, que ha plantado cara al legislativo al mantener la investigación sobre la muerte del periodista José Couso en Irak, amparándose en el IV Convenio de Ginebra que obliga a perseguir a los autores de crímenes de guerra. Basta ya de eliminar los derechos de las víctimas y garantizar la impunidad y de doblegarnos a las presiones de países como China. ¿Hay prisa por cerrar el caso abierto contra el ex presidente Jiang Zemin por los delitos de genocidio en el Tibet, y otra decena de casos más? ¿Miedo ante el gigante chino, rajonianos? Luchemos por la justicia universal. Periodista y profesora de universidad
