Hoy habrá en Zaragoza una manifestación en contra del ICA, lo que es un buen indicador de que sus ciudadanos mantienen la convicción de estar en el lado de la justicia y los derechos. Es de resaltar este estado de conciencia pues, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en la que -recomiendo que la lean despacio- tan sólo se viene a decir que el ICA no es anticonstitucional, alguien quiso pensar que habían quedado indecisos cuando no cautivos y desarmados. A esta falsa impresión sin duda contribuyó también que los dirigentes del Instituto Aragonés del Agua -e incluso alguno de la DGA- se habían venido arriba, cual niños que encuentran a un primo de Zumosol, y durante días estuvieron blandiendo la sentencia en público mientras gritaban sin cesar a los vecinos de Zaragoza: ¡Vais a pagar!

Pero hoy, en el siglo XXI, todos sabemos ya que el hecho de que una ley o un impuesto no sea anticonstitucional, no significa gran cosa. Nos lo puso de manifiesto de modo gráfico y patente el conde de Romanones cuando, hace más de un siglo y según cuenta la leyenda, les gritó desafiante a los legisladores del Estado español, en un alarde de autoritarismo, «hagan ustedes las leyes, que yo ya haré los reglamentos». Lo relevante en democracia pues, no es el ICA en sí -ya que para cualquiera era y es obvio que todo gobierno tiene capacidad legal para establecer impuestos- sino que el reglamento de su aplicación sea respetuoso con el sentido de justicia que de dicha constitución democrática emana. Y aquí es donde entra el lema de la manifestación: «No pagaremos estafas».

El cómo hemos llegado a este punto, en que miles de aragoneses afirman que el Plan de Depuración es un desatinado monumento a la suciedad e ineptitud políticas, ya ha sido explicado muchas veces. Resumiéndolo, en el centro de todas las operaciones se encuentran el IAA y la Consejería de Medio Ambiente, quienes, en un triste acto inicial de deslealtad institucional, en vez de ayudar a los ayuntamientos a desarrollar sus competencias, cual era su obligación, persuadieron a los alcaldes -incluso presionando o amenazando a muchos de ellos- para que se las cedieran. Pero, una vez conseguida la delegación de competencias, el personal del IAA reconoce, en lo que fue una esperpéntica confesión, que ellos tampoco tienen medios ni aptitud para ejecutarlas, no obstante lo cual, igualmente se las quedan. Y entonces, como remate, acometen una acción más propia de quintacolumnistas o soldados del caballo de Troya que de funcionarios responsables: socavan desde dentro la fortaleza de la administración pública entregando a empresas privadas el control de la depuración. Y, claro está, al entrar en juego la noción de lucro, desapareció la finalidad medioambiental y de servicio al pueblo para dar paso a la idea de: cuanta más rentabilidad, mejor. La búsqueda de esta explicará todas las irregularidades cometidas por el IAA a continuación, a fin de promover y justificar la construcción de unas depuradoras tan suntuosas y mastodónticas, y de coste anual tan elevado, que ningún pueblo, por grande que sea, puede pagarlo por sí mismo a través del importe de su canon.

Esta ha sido, en síntesis, la historia. Sin embargo, algunos dirigentes de pueblos grandes presumen de que sus vecinos pagan más de lo que gastan y que, con esa diferencia, son solidarios con los pueblos más pequeños. Que nadie lo crea. Se trata de un grosero error. Una falsa idea que a buen seguro proviene de habérseles presentado unas cuentas de gastos maquilladas, cuando no manipuladas, en las que capítulos muy importantes, como la amortización o los intereses del capital invertido en la construcción, no aparecen (irregularidad que, dicho sea de paso, tiene hoy muy enfadados a los altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente). Al respecto, un ejemplo paradigmático, por conocido y porque incluye todos los costes, lo constituye el proyecto de la depuradora de Utebo, presentado hace un par de años. Serían 130 millones de euros de coste de explotación para una depuradora de veinte años de vida útil, lo que se traduce en un gasto de 6,5 millones anuales. Pero sus beneficiarios, unos 30.000 habitantes, con el canon actual aportarían como máximo sólo dos millones de euros. Por tanto, -hagan números, por favor- se necesitarían algo así como 80.000 paganos aragoneses, de gasto cero, (elijan pues entre vecinos de Zaragoza y Fabara, que pagaron y mantienen sus depuradoras, o entre los habitantes de los más de 500 pueblos que, por no tener, no gastan) para, con el importe de su ICA, equilibrar los 4,5 millones de pérdidas anuales de la depuradora de Utebo.

Y así, sucesivamente, habría que ir sumando paganos para equilibrar las pérdidas de todas y cada una de las depuradoras construidas. Pues esta es la única solución que ha sabido encontrar el IAA para tapar su ineptitud gestora. Que los vecinos de ayuntamientos responsables paguen doble impuesto, y que quienes viven en pequeños pueblos sin depuradora paguen el déficit de los grandes, sin que, para más INRI, nadie sea solidario con estos pequeños a la hora de pagar las multas que la CHE les aplica por no depurar. ¿Y a este reglamento del ICA alguien se atreve aún a llamarlo canon solidario? ¿Acaso es esto lo que entendemos por solidaridad en Aragón? Esta es una de las razones -hay más, muchas más, al punto de que para los ayuntamientos la monetaria es sin duda la menos importante- por las que tiene sentido, justificación y hasta obligación manifestarse y protestar. Porque el ICA debe responder a criterios de justicia y porque, ante la Justicia, deben responder quienes nos han llevado a esta caótica situación. H *Alcalde de Fabara