El octavo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, conocido como Horizonte 2020 (H2020) supuso en su día un notorio paso adelante para la ciencia del continente. Concentró en una sola las distintas iniciativas comunitarias y se fundamentó en tres grandes pilares: la excelencia científica de primer nivel, el liderazgo empresarial a través de la innovación y de la obtención de resultados aplicables a la industria, y el acento en los retos sociales que habían de beneficiar a la ciudadanía. De esta manera, se ponía énfasis en la investigación puntera y, al mismo tiempo, en la creación de empleo con un sistema europeo de I+D+i fuerte y competitivo, basado en la colaboración transnacional y con acento en la igualdad de género, en los trabajos punteros (los Advanced Grants) y en los jóvenes investigadores (las becas Marie Curie). Aun así, aun representando un impulso notorio, el programa H2020 nació con menos presupuesto del previsto. La tendencia de las políticas de austeridad hizo que la Comisión Europea rebajara las expectativas. El noveno programa, que ha de implantarse entre 2020-2026, recoge los logros del anterior y propone un aumento del 43% de los fondos, hasta los 100.000 millones, inversión que no solo significa una apuesta por la investigación, sino un impulso notabilísimo para superar la crisis a partir de la innovación y la competitividad.

Los privilegios de que ha dispuesto y dispone en España la Iglesia Católica no dejan de provocar polémica en un país que evoluciona poco a poco hacia el laicismo. La decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de oponerse a la inmatriculación de dos templos ubicados en la capital aragonesa, La Seo y La Magdalena, forma parte de ese fenómeno.

El equipo que gobierna el Consistorio cesaraugustano ha abierto así un nuevo frente, que le obligará a extender también su esfuerzo y a sufrir un mayor desgaste. Zaragoza en Común acumula conflictos y fracasos a la hora de rematar sus iniciativas para las que luego no obtiene el respaldo mayoritario del Pleno. En este caso afronta además una larga batalla en los tribunales, de resultado incierto.

Por otra parte, parece que la adopción de medidas para frenar la inmatriculación de edificios monumentales por parte de la Iglesia correspondería más bien al Gobierno de Aragón. Dicha institución tiene un ámbito de actuación más amplio, gestiona el patrimonio histórico-artístico y corre (junto con el Ejecutivo central) con la mayor parte de los gastos que comporta su mantenimiento.

En todo caso, lo que no puede seguir vigente son los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que a su vez partían del Concordato firmado por el franquismo. Aquel documento está muy superado y no es propio de un Estado que se dice aconfesional.