La sentencia hecha pública el jueves por un juzgado de Madrid garantiza el derecho de la inquilina Inocencia Zofío, de 104 años, a regresar a su domicilio una vez concluyan unas obras de rehabilitación que el propietario --nada menos que el Ministerio de Hacienda-- quiere realizar en el edificio. El fallo evidencia la tremenda falta de sensibilidad de la Administración hacia los ciudadanos. Hacienda, heredera del edificio de renta antigua, quiere realizar trabajos que obligaban a personas de edad avanzada y escasos recursos a dejar temporalmente su vivienda. Ante la duda razonable de que todo fuera una artimaña para impedir su regreso a casa, Hacienda no se esmeró en ofrecer una cobertura legal a la operación, sino que denunció a los inquilinos por obstaculizar la obra. La justicia tampoco actuó con sensibilidad, ya que no se interesó por el fondo del problema y se limitó a dar la razón a Hacienda sobre el el desalojo temporal, imponiendo además a los inquilinos una multa astronómica. Aunque se ha vuelto al punto de partida, así es muy difícil restablecer la confianza en las instituciones.
