Vivimos en un territorio, la provincia de Teruel, donde la principal característica es la bajísima densidad de población. Hace tiempo que somos conscientes de esta realidad.

En este contexto, la aparición «salvadora» de una empresa que pretende llenar la provincia de parques eólicos para generación eléctrica se nos vende como una oportunidad, además con el argumento de producción eléctrica limpia. Es cierto que una energía no basada en combustibles fósiles es un respiro para el planeta. Pero aunque la energía eólica y la fotovoltaica sean limpias, el tamaño y la ubicación de instalaciones deben ser previamente planificadas, para que la instalación no sea a costa de unas afecciones irreparables en el territorio.

El extenso territorio turolense lleva décadas pidiendo políticas que frenen la despoblación y es comprensible agarrarse a un clavo ardiendo, sobre todo si no contamos con un control público que vele por el bien común. El Gobierno de Aragón debe planificar el territorio de forma sostenible para evitar estos pelotazos ecofriendly.

Proyectos verdes

Este verano los medios de comunicación informaban de que la crisis sanitaria no estaba frenando el aluvión de peticiones de nuevos proyectos verdes. Y se estimaba que era una burbuja de solicitudes, dado que una parte importante de estas no tiene ningún proyecto energético real y solo busca especular con la reventa de los permisos una vez obtenidos.

Los proyectos de renovables que tenemos en este momento en Aragón, muy especialmente para la provincia de Teruel, vienen de la mano de Forestalia, una firma que surgió de una escisión dentro de una empresa del sector cárnico, y entró en el sector energético. De pronto ganó la mayor parte de la primera subasta de renovables que puso en marcha el Gobierno del PP. Lo curioso es que se fue deshaciendo de gran parte de los derechos que ganó en dicha subasta a través de la venta de activos a Repsol, Engie, Light Source... Por cierto, Forestalia no es una empresa aragonesa. Su razón social está en Madrid.

La cuestión es que en nuestro territorio tenemos que decidir qué es bueno para el desarrollo del mismo y tener los pies en la tierra, no dejándonos llevar por cantos de sirena.

La semana pasada el grupo de IU en las Cortes de Aragón asumió una propuesta de Gents del Matarranya y otros colectivos, para que el Gobierno de Aragón estableciese una moratoria a los proyectos en tanto se establece una planificación para todo el territorio. No se trata de evitar el desarrollo de energías renovables, al contrario. Se trata de planificar en función del interés general para poder llevar ese desarrollo adelante de la mejor manera posible.

Quiero señalar que un estudio de la Universidad de Zaragoza concluye que estos proyectos no generaron empleo en la zona de instalación, y no se revirtió el proceso de despoblación. La mayor parte del empleo se concentra en las etapas de instalación y construcción, y en la mayor parte de los casos con mano de obra de la subcontrata correspondiente, que va de una obra a otra y no se asienta en el territorio.

No pongamos en peligro el hermoso paisaje, el gran valor natural con el que cuenta nuestro territorio. Cualquier política que se desarrolle debe buscar que sea deseable quedarse a vivir en las distintas comarcas de la provincia de Teruel y preservar el medio natural.