La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha declarado insumisa ante el propósito del Gobierno de paralizar la reforma educativa heredada del PP. Alega que la LOCE sigue aún vigente y que por ello pueden desplegarse en septiembre itinerarios que separen a los alumnos de 14 años por niveles. Aunque para entonces el Gobierno ya los habrá dejado sin efecto, Aguirre le niega autoridad para tomar esta decisión. E insiste en que, a esa edad, quien no quiere estudiar debe prepararse para ser "mecánico o peluquera", un planteamiento segregador que no sobrevivirá al cambio que planea el Ejecutivo del PSOE.
Establecer que los centros puedan aplicar a su voluntad los itinerarios educativos de la LOCE rebasa el margen de actuación que permiten las competencias educativas autonómicas. Aguirre promueve que el curso próximo se vulnere la legalidad. Al actuar como si los puntos más polémicos de la ley no fuesen a derogarse en las próximas semanas, está creando los "problemas organizativos" de los que acusa a la Administración de Zapatero. Y esto no tiene nada que ver con la autonomía. Más bien parece una táctica de filibusterismo legislativo incomprensible si se juega con el buen funcionamiento de la educación.
