La parte aún pendiente del ya famoso Plan de Depuración se ha ido frenando porque su realización resulta imposible. Sobredimensionado, insostenible, inapropiado, aquel proyecto se ha convertido finalmente en una de esas maldiciones que habrá de perseguirnos durante lustros y decenios. Porque, claro, ya no hay manera de seguir adelante con el bodrio. Pero como su desarrollo fue adjudicado a diferentes empresas (¡hay que externalizar, amigos, para que corra la bola!), ahora las contratistas que están viendo frustrado su negocio piden indemnizaciones por lucro cesante. Eso mientras el coste del tratamiento de vertidos en los pueblos aragoneses donde sí funcionan las depuradoras supone tan onerosa carga, que ha sido preciso extender el canón a la ciudad de Zaragoza. Así, los habitantes de la capital pagarán doble recibo, el suyo, el municipal, y el otro, el autonómico. Como si no hubieran tenido bastante con el atraco (privado, claro) que supuso la depuradora de La Cartuja.

Todo esto viene de lejos, ya se sabe. Y no ha dado lugar a mayores escarmientos. Qué va. El padre del Plan de Depuración, el regionalista Alfredo Boné, anda por ahí tan tranquilo. Como ya les conté, junto con el equipo que tenía en el Departamento de Medio Ambiente se ha montado un consulting para temas de sostenibilidad (¡ja, ja, ja!) y ya opera con alguna empresa que aspiraba a mojar en las subastas de renovables (y ha mojado, por supuesto). En el PAR no se acuerdan de nada. Y la lodosa huella de aquellos polvos (también en la actual Sarga, antes Sodemasa) se disimula en cada sesión de las Cortes con la colaboración activa del PSOE y del PP. Por aquello del clavico del abanico, ¿no?.

Pero si ampliamos el foco veremos que existe un problema muy extendido, que guarda relación con la privatización de planes, servicios y actividades públicas. Es asombroso que las contratistas de estas externalizaciones cuenten con un catálogo de derechos, privilegios y salvaguardas que parecen convertir en imposible todo control de sus actividades. Verbi gratia: el Ayuntamiento de Zaragoza. A priori, ninguna de las concesionarias que gestionan los autobuses, la limpieza, los parques y jardines y otras importantes tareas parece estar haciéndolo a satisfacción del vecindario. Pero todo intento de controlarlas, inspeccionarlas y sancionarlas si no cumplen se frustra en los tribunales. Y encima la mayoría de los concejales y fuerzas vivas se muestran dispuestos a defender los intereses de tales empresas ante cualquier intento de remunicipalizar su cometido. Será por llevarle la contraria a ZeC...

En manos privadas el interés público secombina con el negocio puro y duro. Entonces los autobuses arden, las depuradoras no existen o salen por un Potosí, los chóferes están almorzando, las obras cuestan el doble o el triple de su valor real, los programas informáticos se ponen por las nubes y a veces ni funcionan, las ciudades están sucias... ¡Ah!, pero si algún político quiere romper la inercia tampoco puede hacer gran cosa. Disimular, quizás. Pagar peajes que solo entienden los que entienden. Perder juicios. Al final, llevarse todas las hostias.