El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que abonar durante el pasado ejercicio 1,8 millones de euros en intereses de demora. Es decir, por no pagar en forma y fecha las obligaciones comprometidas con terceros. Se argumenta que parte de esa cifra viene motivada por sentencias judiciales. Con más razón. La obligación de la Administración es cumplir con los pagos que afectan a proveedores de forma que estos no se vean estrangulados financieramente y continúe una cadena de imprevisible alcance. La nueva metodología permite que los datos se reduzcan, pero es un mero artificio de requisitos.
