La irrupción de Vox como una fuerza política decisiva en algunas comunidades y no solo como un movimiento populista, reaccionario y extraparlamentario trae consigo la elevación al rango de doctrina oficial --de una manera más o menos velada-- lo que hasta hace un tiempo eran solo arengas, discursos encendidos y autobuses reivindicativos. Baste como ejemplo la censura parental, la posibilidad de que los padres puedan autorizar a sus hijos a no recibir determinadas charlas, relacionadas con lo que la extrema derecha llama «ideología de género». Es un mecanismo contrario a las más elementales reglas educativas y de los derechos del niño reconocidos a nivel internacional.

Este control previo de los padres atenta contra un pilar básico de la enseñanza: la autonomía de cátedra y el concepto del aula como un espacio de libertad y diálogo, único y compartido, en el que el conocimiento llega a todos por igual.

Que los padres puedan establecer fronteras de sesgo ideológico o a partir de su moral íntima en las asignaturas y las actividades del currículum escolar no solo agrede a niños y niñas en sus derechos educativos, contraviene lo que está establecido por ley e introduce una peligrosa deriva que puede conducir a la emergencia de grietas y confrontaciones entre el alumnado y con el profesorado.

En Murcia ya se aplica y en Andalucía forma parte de las exigencias de Vox para aprobar los Presupuestos. Es decir: ya no se trata de una algarada de los ultras católicos, sino de un programa de gobierno. Para luchar contra la violencia machista y a favor de los colectivos discriminados, la educación es una herramienta imprescindible, y es en la escuela donde se forjan los principios de respeto, tolerancia, convivencia, democracia y el pensamiento crítico.

Pero este veto también se ha planteado en Aragón, aunque no nominado con el ahora famoso pin parental. El pasado mes de octubre, la formación ultraderechista ya planteó en las Cortes una proposición no de ley para que los menores queden libres «de las injerencias del Estado» en cuestiones de adoctrinamiento ideológico o de ámbito moral, sexual o ético.

Este es el fondo de la cuestión. Que unos padres quieran educar «de acuerdo con nuestra ideología» forma parte de su íntima responsabilidad. Que pretendan inmiscuirse en un centro público o concertado, que exijan implantar la renuncia en una clase, es intolerable en una sociedad abierta.

De ahí que el Gobierno ya ha enviado un requerimiento a la autonomía murciana para que desista de aplicar la medida. En caso contrario, se recurrirá, es de suponer, a los tribunales. Entidades sociales, docentes y directores de centros educativos, sindicatos, asociaciones de padres y distintos colectivos, de uno y otro signo, han puesto en marcha la maquinaria.

Un debate que, a buen seguro, volverá a enfrentar a la escuela laica y a la concertada, sostenida con fondos públicos. Y en el que el PP, con su anuncio de dar vía libre a aquellas comunidades en las que sus presupuestos dependan de Vox es, cuando menos, lamentable.