Los partidos políticos que se reparten el juego parlamentario en Las Cortes de Aragón están demostrando ser unos auténticos inútiles. Son incapaces, desde hace años, de ponerse de acuerdo o de cambiar el reglamento para nombrar un nuevo Justicia de Aragón. «Este sí, este no; pues a mí tampoco me gusta aquél, ni hablar de fulano, mejor vamos a dejar la cosa como está, que no molesta». Más o menos así sería el diálogo —puertas adentro—que se llevan entre manos los grupos parlamentarios cuando toca abordar el nombramiento de un relevo a Fernando García Vicente, en el cargo desde hace 20 años. Un prodigio de la naturaleza, mantenerse durante tanto tiempo. Es algo que no suena democrático. Esa durabilidad en un puesto político, al fin y al cabo, se relaciona automáticamente con el franquismo. No es saludable para la institución ni para los ciudadanos de estos tiempos, a pesar de la desidia de los políticos, considerar al Justiciazgo como algo menor, sin demasiada importancia. La prueba de este aserto es que han sido incapaces, legislatura tras legislatura, de nombrar un nuevo Justicia. Veinte años son muchos años para mantenerse en cualquier puesto de poder o de representación. Suena a vitalicio, y eso no es bueno.

Ahora, por fin, CHA ha puesto sobre la mesa un nombre de peso, Ángel Dolado, el que fuera juez decano de Zaragoza. Un gran profesional de la Justicia que quiere optar al cargo y es valiente en sus declaraciones. Toda la izquierda parlamentaria brinda su voto favorable a la candidatura, pero al PP, PAR y Ciudadanos (Cs) no les gusta, y prefieren —de momento—hacerse los interesantes y seguir con sus ambigüedades de casino de pueblo. Incluso, Arturo Aliaga (PAR), ha llegado a pedir que «no se mercadee con la elección». ¡Madre mía!, pero si este partido lleva toda su vida mercadeando en la política de esta tierra para seguir ocupando unos pocos sillones decisivos. Total se lavan las manos respecto a la candidatura de Dolado para no apoyarle. Que todo siga igual, que nosotros estamos bien. La derecha aragonesa se ha unido una vez más para cultivar la pereza política. Lo mejor que saben hacer.

Mientras se desembrolla este asunto, Dolado (al que no conozco personalmente) ha dicho que hay que «desatascar la institución». Y ha señalado que la sustitución de García Vicente es necesaria para «dar oxígeno y desarrollar nuevas ideas en el Justiciazgo. No se puede mantener al mismo equipo durante tanto tiempo en el mismo puesto». Algo de sentido común.

Añado algo más: con lo cara que nos resulta a los aragoneses pagar esta institución bien merecemos una renovación, cambio de asesores y un nuevo aire más preocupado en las personas que acuden en su ayuda, que en el número de quejas contabilizadas cada año. Algo que se parece más a una actividad contable, que al trabajo en equipo de un Defensor del Pueblo. H *Periodista y escritora