Tanto debate público sobre el alcance de nuestra libertad frente a las herramientas inteligentes de seguimiento del coronavirus y una parte de nuestra población continúa siendo invisible para todos. Los veranos llenan las calles de Lleida, y muchas otras ciudades, con decenas de personas esperando unas horas de jornal para subsistir. Todos conocemos casos de cuidadoras en situación administrativa irregular y hemos convivido con ello. Personas sin reconocimiento de ciudadanía, a los que incluso durante seis años privamos de la atención sanitaria universal, y que la pandemia ha vuelto a visibilizar más por utilitarismo que por convicciones humanas. No se puede poner en marcha una estrategia de salud pública para controlar una pandemia teniendo miles de excluidos del sistema durmiendo en la calle. Con un cierre de fronteras efectivo desde 2008 que solo permitía la contratación en origen, la corriente migratoria, aunque en menor medida, ha seguido llegando a España como al resto de Europa.

Hemos ido abriendo y cerrando fronteras en este siglo según la necesidad de mano de obra. En épocas de crecimiento económico y cuando el abastecimiento nacional de trabajadores era deficitario se abordaron regulaciones extraordinarias como la de 2001, más de 450.000 personas, con Aznar al frente del gobierno o en 2005, con más de medio millón, en el mandato Zapatero. Desde el colapso económico de 2008, la posibilidad de regularización es casi inexistente. Y mientras en Portugal e Italia durante esta crisis se han flexibilizado notablemente los requisitos para las personas migrantes, en España acogiéndonos a la no ruptura del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo hemos modificado la condición de residencia solo a un 1% del total de 600.000 personas que se encuentran en situación de irregularidad administrativa.

Hay miedo a la reacción del norte de Europa, que ve a los países del sur como la puerta de entrada, y a la de la extrema derecha nacional que utilizará la inmigración como arma arrojadiza para ganar apoyos. En el ámbito laboral no salimos de la epidemia solo con responsabilidad individual, distancia social y lavado de manos. Necesitamos de una acción integradora con los trabajadores que el campo y el sector servicios necesita no como seres que desparecen cuando termina su jornada laboral. Empleados y empleadores se necesitan, y como sociedad no debemos permitir la situación de desamparo de nuestros vecinos sobre los que a menudo apartamos la mirada. No nos gusta ver la miseria de cerca.