En el Protágoras de Platón, Sócrates expresaba su sorpresa de que la Asamblea de la ciudad ateniense se comportara de forma diferente cuando se trataba de discutir de problemas técnicos, como la construcción de edificios o barcos, que cuando se discutía del gobierno de la ciudad. En el primer caso, la Asamblea convocaba a arquitectos e ingenieros, y si alguien que no era considerado experto presumía de ofrecer su opinión, la masa se mofaba de él y lo abucheaba. Sin embargo, cuando se trataba de discutir sobre grandes cuestiones generales, como la política o la justicia, "el hemiciclo era tomado indistintamente por herreros, zapateros y marineros, ricos y pobres y nadie pensaba en reprenderles, como hubiera sido antes el caso, por intentar dar consejos sin haberse formado en sitio o con maestro alguno".
Ante la paradoja de que cualquiera pudiera opinar sobre temas tan importantes como la Política o la Justicia, Protágoras recurre a un mito para explicar la práctica ateniense: "Zeus dotó de la virtud de la política y de la justicia a todos los hombres, ya que, si lo hubiera reservado para algunos, como es el caso de las habilidades técnicas, las ciudades no hubieran podido sobrevivir". Este mito constituye una defensa del principio de "isegoria": en lo concerniente al gobierno o a la justicia, cualquier ciudadano, no importa quién, está suficientemente cualificado para que su opinión merezca ser escuchada.
Nos encontramos ante la justificación mítica del principio de la participación democrática en el gobierno o de la necesidad de que la justicia sea comprendida por los ciudadanos. Mucho ha llovido desde entonces y pocos llegan a comprender en qué consiste hoy nuestra participación en el poder político y cuáles son las claves para entender los procedimientos que hacen posible la Justicia, pero algo pervive de todo aquello: no opinaremos de cómo se construye un puente pero seguiremos opinando de que la justicia, por ejemplo, debe ser igual para todos. No renunciamos a la virtud de la que Zeus nos dotó.
Hay algo dentro de nosotros que a menudo nos recuerda que esa Justicia mítica no es "justa" para todos. No entendemos por qué exactamente, pero algo nos dice que aquellos que entran en los juzgados sonrientes y saludando parecen tener algún tipo de ventaja que los demás no tienen. Y no hay más que leer las noticias: jueces apartados de sus responsabilidades cuando conocen determinados asuntos --y no antes--, instrucciones procesales eternas, presiones camufladas, cambios de criterios que se estrenan para la ocasión, presidentes del gobierno que están seguros de inocencias sin haber leído la causas... pero, pese a ello, no nos engañan, sabemos que algo no cuadra.
Así ocurre con el asunto estrella de estos días. Una de las hijas del jefe del Estado de un país democrático tiene que acudir a declarar por su presunta participación en unos hechos también presuntamente delictivos. Si fuera la hija del Presidente de la República Alemana no nos parecería tan grave. Que Alemania quisiera implicar a todo el Estado en su defensa nos parecería indigno de una nación democrática. Que en España un juez absolutamente honrado, a punto de jubilarse, y con todos esos años de experiencia ganada con culpables e inocentes de todo tipo y calaña, considere que esta señora tiene que declarar y dar las explicaciones correspondientes, parece no ser suficiente, cuando siempre lo hubiera sido sin tenerlo que fundamentar en dos ocasiones y con 200 folios de sesudos argumentos.
Complejos delitos fiscales son analizados por los medios de comunicación, juicios paralelos que defienden o atacan inocencias y culpabilidades presuntas, fiscales acusadores que no siempre lo hacen a pesar de que llevan años haciéndolo mejor que nadie, inspectores de hacienda que levantan velos de opacidades o de sospechas. Nadie entiende nada porque los que opinan son todos menos quienes deberían hacerlo. Pero afortunadamente, la honradez puede más que intereses mal entendidos. La hija del Jefe de Estado fue a declarar más o menos como cualquiera en su situación. Con los mejores abogados, con los mejores fiscales y abogados del Estado. Todo parece estar a su favor pero acude a declarar.
Nuestro entendimiento de la Justicia sigue vivo; seguimos considerando vigentes principios básicos: los inocentes nada tienen que ocultar cuando les preguntan, si acuden a un juzgado preparados por excelentes abogados tienen la obligación moral de hacer lo posible para recordar todos los hechos que les pregunten, responderán igualmente a cualquier abogado que les pregunten, lo harán sin titubear y con la seguridad que siempre otorga la verdad al inocente. La colaboración con la justicia no admite olvidos más que como excepción. El poder del silencio no puede imponerse al valor de la palabra.
Parece que nada de esto ocurrió. Sabemos que los imputados están en su derecho a no responder y no por ello serán considerados culpables ni menoscaba su presunción de inocencia. Estamos de acuerdo. No obstante, ahora sí entendemos que merecía la pena el esfuerzo de un juez valiente para seguir recordándonos que el concepto de justicia lo depositó Zeus en cada persona y no lo hemos perdido gracias a servidores públicos como él. Inspector de Hacienda y exdelegado de la Agencia Tributaria en Baleares
