La sanidad española vivirá otro contratiempo, con la entrada del nuevo año, a partir de la subida del IVA hasta el 21% de diversos materiales hospitalarios y de la tecnología quirúrgica y diagnóstica. El incremento, que anula el tipo actual del 10%, obedece a una sentencia de la UE de enero del 2013 que apelaba a una distorsión de la competencia. España ha retrasado su aplicación hasta el 2015. A simple vista, se antoja excesivo que un bisturí o una bata tengan el mismo IVA que una botella de whisky o un paquete de tabaco. El impacto de este nuevo impuesto afecta tanto a la sanidad pública como a la privada, aunque en el caso de la primera ya llueve sobre mojado. Inevitablemente afectará a la inversión para renovar materiales y a los servicios ofrecidos, con el objetivo de buscar una mayor eficiencia, lo que puede traducirse por ejemplo en restricción de pruebas diagnósticas. Y al usuario de una mutua también le espera un mayor coste de su seguro privado. No les falta razón a quienes piensan que la UE legisla pensando en sus países con fuerte estructura sanitaria privada y no en mantener una sanidad propia del Estado del bienestar.