Hay acuerdo para reconvertir los astilleros públicos españoles a partir de una división en dos grupos. Uno, dedicado a construir buques militares, mantendrá la titularidad pública. El otro, con perfiles más inconcretos, será privatizado (aunque con una pequeña participación estatal) y hará encargos civiles. El precio laboral de ello es que, de los 11.000 trabajadores de esas plantillas de la construcción naval, unos 4.000 serán jubilados o indemnizados.
El acuerdo entre la SEPI y los sindicatos mayoritarios debe superar aún determinados recelos de la Comisión Europea, que tiene argumentos sobrados para desconfiar de una reconversión que ya debió hacer el Gobierno del PP y que, en vez de eso, gastó 1.200 millones de subvenciones ilegales que ahora, tras causar la quiebra de Izar, hay que devolver a Bruselas. Aquella trampa ha provocado, además del descrédito ante la UE, la necesidad de un plan de salvación para evitar el hundimiento colectivo de todos los astilleros, que será mucho más caro para el erario público. El Gobierno cumple la palabra que dio. Ahora, los sindicatos y los trabajadores deben gestionar con cautela la fórmula pactada para no ahuyentar inversores.
