Queda claro que la polémica sobre la reducción (mínima) de aulas concertadas deberá solventarla el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) o incluso instancias superiores. Pero de momento tribunales de primera instancia han fallado que el Gobierno de Aragón está obligado a seguir ofertando convenios para 2017-18 a todos y cada uno de los centros y unidades que ya los disfrutaron en el curso actual. Llegados a tal punto, podríamos admitir que, una vez más, al departamento de Educación le han ganado la partida (ya pasó con el caso Ánfora). Y así las instituciones cuyo gobierno es decidido por el voto de la ciudadanía se ven desmentidas y han de supeditarse a lo que decida un cuerpo de la Administración integrado por profesionales que acceden a él mediante oposición o designación. Es un fenómeno chocante. Sobre todo en Zaragoza, donde todos los fallos de este jaez que recuerdo han tenido el mismo sesgo político-ideológico, tanto cuando han afectado al Ejecutivo autónomo como al Ayuntamiento de la capital. ¿Hubiese prosperado un recurso contra el masivo cierre de aulas públicas que efectuó el dúo Rudi-Serrat?

Los jueces tienen un papel muy importante en la regulación del sistema democrático. Interpretan la Constitución y las leyes, son decisivos en la lucha contra la corrupción, toman decisiones (investigaciones y procesamientos) que tienen consecuencias directas en la vida política. Por supuesto no lo hacen desde una angélica neutralidad. No podrían, y menos los de las más altas instancias, elegidos por los partidos según cuotas. Pero es preciso reconocer a muchos de ellos una profesionalidad y a veces un valor que para otros querríamos en los tiempos que corren.

El problema aparece cuando los jueces sustituyen, como en los últimos casos habidos aquí, al Gobierno electo, las Cortes de Aragón, el Ayuntamiento, la Inspección de Enseñanza u otros órganos. ¿Será preciso, entonces, acudir a los tribunales si un Ejecutivo (como hizo el anterior) unifica la asistencia psiquiátrica en el extrarradio de Zaragoza o retira los aparatos de radiodiagnóstico de un centro de salud? ¿Apelaremos a las magistraturas si no nos gusta cómo ha quedado un presupuesto (aprobado previamente por quienes corresponda) porque en él no aparecen partidas de las que íbamos a beneficiarnos?

Hemos asistido ya a situaciones demenciales. Por ejemplo cuando un juez suspendió una operación municipal para rehabilitar La Romareda, y pocos años después ese mismo plan fue reclamado (por una entidad privada, eso sí) sin que apareciese objeción legal alguna. Ahora mismo, si las famosas aulas concertadas se conceden por orden judicial pero luego fuesen anuladas por el TSJA, ¿qué clase de lío administrativo se armaría?

Y lo más inquietante de todo: ¿por qué los tribunales zaragozanos son tan proclives a dar la razon a causas que llegan desde la derecha y parecen resistirse a hacerlo cuando la denuncia viene de las izquierdas? ¿Por qué las empresas privadas siempre les ganan la mano a las instituciones democrática incluso cuando estas llegan cargadas de razones?