El largo recorrido de la demanda aragonesa por la recuperación del arte sacro retenido en los museos de Cataluña marcó ayer un nuevo éxito judicial. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro ha fallado que el Obispado de Lérida y el Consorcio de Museos de la ciudad deberán entregar «de inmediato» los 111 bienes eclesiásticos de 43 parroquias oscenses que habían sido reclamados por vía judicial.

Un litigio que lleva décadas en diferentes estados de evolución desde que se reformaron los límites eclesiásticos y los que antes se superponían en las comunidades vecinas de Aragón y Cataluña se fijaron con contornos coincidentes con los territorios administrativos de las autonomías. Pero los bienes quedaron en los depósitos y en las salas de exhibición de los museos catalanes, esencialmente del de Lérida. Y lo que debería haberse resuelto con el reconocimiento de la propiedad de los bienes a las parroquias aragonesas o a su órgano jerárquico en la Iglesia, el Obispado de Barbastro-Monzón, y con el sentido común en las relaciones entre distintas diócesis, entró en un bucle de desencuentros y tensiones entre las propias autoridades eclesiásticas y en las que hicieron presión también los responsables de las instituciones civiles, como la Generalitat, aduciendo desde excusas de carácter técnico para el retorno hasta de haber sido los salvadores del patrimonio por la custodia que mantuvieron durante ese periodo.

Nunca debiera haberse llegado al enfrentamiento, pero ni las sentencias del Vaticano que daban la razón a las parroquias aragonesas sirvieron para que el patrimonio sacro aragonés volviera de forma racional a su lugar de origen. La vía judicial fue inevitable para desatascar una situación que se hacía intolerable y que estaba afectando incluso a las relaciones de las propias comunidades y hasta de los ciudadanos, que se posicionaban en el conflicto en función de intereses más espesos que los meramente patrimoniales o de propiedad, relativamente fáciles de dirimir en derecho.

Ese fue el camino elegido por la reclamación aragonesa que ayer se sustanció en el fallo del tribunal de Barbastro. Y, coincidencias del calendario, dos años después de la devolución de parte de las piezas del monasterio de Sijena, que también se hallaban en Lérida. Su regreso, impulsado por la comunidad y asumido como un hito, preludio de la sentencia de ayer, ha permitido poner en valor en su sitio de origen un patrimonio que el municipio monegrino exhibe con orgullo.

El proceso de litigio por los bienes puede tener todavía un recorrido judicial si se ejercen los posibles recursos ante la Audiencia de Huesca. Pero esa aplicación de devolución «de inmediato» que figura en el fallo también puede ser reclamada. En todo caso, el peso de la ley ha caído a favor de unas demandas aragonesas, razonables y sensatas que, como mucho dilatarían el periodo de devolución, un objetivo sin sentido o que pretenda tensionar una relaciones de vecindad entre autonomías con otros intereses al margen de los patrimoniales sobre los que ayer, la Justicia habló.