Hay pocas dudas de que la entrega formal de Sadam Husein al Gobierno interino iraquí y la apertura de su proceso judicial sean una operación mediática. Washington quiere mostrar que la ocupación terminó y que gobierna el país una autoridad independiente. Pero las formalidades no logran camuflar que el Gabinete de Iyad Alaui se sostiene gracias a las bayonetas de EEUU.

Sadam ha cometido crímenes contra la humanidad. Debería ser juzgado por una instancia internacional. Pero EEUU ni reconoce la autoridad del TPI ni desea ceder a un tribunal creado ad hoc, como el que juzgó los delitos en la antigua Yugoslavia, el control de este juicio. La razón es muy sencilla. Ese Sadam desafiante que acusa a Bush de ser también un criminal podría explicar ante el tribunal las complicidades del pasado entre su régimen y Washington.

Todo apunta a que este dictador acabará en un patíbulo. Pero también hoy debemos recordar que la pena de muerte no es aceptable ni siquiera para alguien tan sanguinario como Sadam. Si se le ejecuta, esta guerra ilegal acabará entronizando otro desprecio a la vida a través del supuesto derecho de los hombres a matar a otros hombres.