Hace unas semanas, escribía sobre el Estado como instrumento al servicio de un sector de la sociedad. Frente a la teoría liberal, que hace del Estado un instrumento neutro, este desempeña una función al servicio de quien detenta el poder. El Estado y sus aparatos, como nos recordaban Zaplana e Ignacio González, son poderosas herramientas para defender una determinada arquitectura social.
En ese sentido, la Justicia no escapa, en modo alguno, a esa función. Como tampoco los medios de comunicación, quizá el instrumento de adoctrinamiento más poderoso con el que cuentan nuestras sociedades. El mito de la objetividad, de la justicia o de la información, no es más que eso, un mito muy bien construido que no se sostiene en hechos, pues a nada que se observen las prácticas, se detecta inmediatamente el sesgo político e ideológico que las alimenta.
En ese sentido, no es casual el trato judicial que determinadas medidas, tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como del Gobierno de Aragón, vienen sufriendo por parte de los tribunales. Al conocerlas, uno tiene la sensación de estar asistiendo a una batalla política que ha hecho de los tribunales, convenientemente sustentados por ciertos medios de comunicación, un lugar de confrontación ideológica en el que los poderes fácticos intentan poner trabas a lo decidido en las urnas por la ciudadanía.
Llevamos años asistiendo en este país a dramáticos desahucios de personas de los pisos que habitan. Ha habido casos especialmente sangrantes de mujeres maltratadas con hijos a su cargo que han sido puestas en la calle. La justicia ha dado cobertura a esos procesos de desahucio, a pesar de que la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución y en la Declaración de Derechos Humanos. Sin embargo, esa misma justicia ha considerado como un «perjuicio irreparable» que unos niños sean escolarizados en un colegio diferente al elegido. Es decir, echar de su casa a una familia (¡tanto que le gusta hablar de la familia a la derecha y a la Iglesia!) es aplicar el estado de derecho, suprimir un concierto, sin embargo,atentar contra un derecho inalienable. El sesgo ideológico, y mercantil, claro, del planteamiento resulta evidente. No nos engañemos, no estamos hablando de libertad de elección de centro, que está garantizada, sino de un negocio muy rentable para la Iglesia Católica y de un instrumento de adoctrinamiento de la derecha de este país.
El 010, las inmatriculaciones, las contratas municipales, incluso el pabellón deportivo municipal, han sido objeto de resoluciones judiciales alineadas con los intereses de la derecha política. ¿Es casual? Yo creo que la ingenuidad no da para tanto. Spinoza, un filósofo del siglo XVII, establecía, de modo muy lúcido, un vínculo entre derecho y poder, «tantum iuris quantum potentiae», escribía. «Tanto derecho cuanto poder», queriendo significar que el derecho no es algo abstracto, sino vinculado a determinadas relaciones de poder. Spinoza lo planteaba en el sentido de la necesidad de producir alianzas políticas que aumentaran el poder de la multitud para alcanzar más derechos. Pero también puede ser entendido como la descripción de cómo funciona la justicia: cuanto más poder tienes, más capacidad de moldear las leyes y la justicia en función de tus intereses.
Las urnas dictaminaron en Zaragoza la posibilidad de una nueva forma de hacer política dirigida al interés de la mayoría social, a través del gobierno de Zaragoza en Común. Algo que supone alterar toda una serie de prácticas institucionales dirigidas a alimentar el beneficio de intereses particulares. En ese sentido, ZeC comenzó a destapar las irregularidades de las contratas municipales y a poner de relieve unos modos de proceder del pasado muy cuestionables. Y ha intentado, e intenta, revertir esa situación. En ese contexto es en el que se produce la brutal reacción de los poderes fácticos zaragozanos, que utilizan todos los medios a su alcance, desde la habitual servidumbre del PP hasta las constantes campañas llenas de demagogia de sus medios de comunicación afines, pasando por todos los engranajes disponibles del aparato del Estado.
Para la actual derecha, gobiernos honestos no son aceptables, pues ponen en peligro todo su entramado de poder y negocio. Y por ello, todas las armas son buenas para combatirlos. Quien siga pensando que la Justicia carece de ideología es que sigue durmiendo el sueño de los justos.
*Profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza
